• Fotos

Ampliar imagen

QUITO. Pablo Narváez, José Simbaña, Wilmer Petit y Darío Tulcanaza, acusados de robo. Según las reformas penales aprobadas el jueves los reincidentes no serán juzgados como contraventores.

Pese a los 78 votos que recibió de respaldo el nuevo informe de la Comisión de Justicia con los cambios a los códigos Penal y de Procedimiento Penal, en la Asamblea se piensa que esto no solucionará el problema de la inseguridad y violencia que tiene el Ecuador.

Andrés Páez, de Izquierda Democrática, sostuvo que estas reformas son específicas, pero que se debe apuntar a una revolución completa en unos cuerpos legales con más de 100 años de vigencia.

“Estaríamos mintiendo si aseguramos que con estos cambios todo mejorará de la noche a la mañana. Este es solo un esfuerzo más de los que deben hacerse para combatir de fondo a la delincuencia”, señaló el asambleísta, mientras, indicó que la auditoría al sistema de justicia es vital para impedir que jueces corruptos –no todos, aclaró– y abogados pícaros se junten para implantar un sistema de impunidad en el país.

En este sentido, el director ejecutivo del Consejo de la Judicatura, Gustavo Donoso, dijo que la institución tiene ya sus mecanismos para auditar el trabajo de los funcionarios judiciales, aunque no descartó que haya ciertos procesos que deben mejorarse.

Aseguró que no es ninguna presión el que en este nuevo paquete de reformas a los códigos se plantee que el Ministerio de Justicia contrate una auditoría externa que, a los 30 días de vigencia de la ley, presente un informe del trabajo judicial caso por caso y juez por juez.

Para María Paula Romo, miembro de PAIS y presidenta de la Comisión, ya es hora de que un órgano externo a la Función Judicial diga “por qué hay unos jueces a los que les caduca la prisión preventiva y por qué hay otros a los que no”.

Romo, quien insistió en que estas reformas ayudarán a combatir el delito pero no lo terminará, manifestó que a la Comisión de Justicia no le temblará la mano para luchar contra la delincuencia, ni tampoco para señalar responsabilidades “en una Función Judicial que no termina de ajustarse al cambio y a la transformación que el Ecuador exige”.

El fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, calificó de objetivas las reformas, ya que, refirió, es lo que la realidad exige para perseguir el delito.

A Freire le parece prudente el 50% de un sueldo básico ($ 120) como límite para que el hurto se considere una contravención, aunque no descarta que esta medida dé mayor trabajo a la institución.

“Tendremos que planificar de mejor forma las investigaciones con la Policía Judicial. Si, por ejemplo, ahora se presentaban unas 10 mil denuncias por mes, estas se elevarán a 12 mil o 15 mil denuncias”, sostuvo el fiscal.

Para Freire, estas reformas tendrán resultados en la medida en que los fiscales y jueces sancionen todos los delitos, tomando en cuenta los antecedentes y todo cuanto se tenga para evitar que los delincuentes vuelvan a las calles.

Detalle

Irá al Ejecutivo
La Comisión de Justicia tiene ocho días para incluir las observaciones del segundo debate y entregar el documento a la Secretaría de la Asamblea. Hasta mediados de la siguiente semana se lo enviará al Presidente, quien deberá pronunciarse en un máximo de 30 días.

Autoridad

Marco Freire
Fiscal distrital de Pichincha
“Si logramos que desaparezcan aquellos ciudadanos que se dedican a comprar cosas robadas, vamos a disminuir la delincuencia”.