El presidente Correa se refiere insistentemente a la inequidad que existe en Guayaquil, aseverando adicionalmente que es “una de las ciudades más inequitativas del Ecuador, de Latinoamérica y tal vez del mundo”. Como la palabra inequidad no existe, debemos partir del hecho de que el Presidente hace referencia a la falta de equidad, o lo que es lo mismo, a la desigualdad existente en Guayaquil, afirmación que es válida y procedente porque nadie, en su sano juicio, puede dudar de que Guayaquil registra niveles muy altos de desigualdad social y económica.

Pero de ese punto a señalar que Guayaquil es una de las ciudades más desiguales del planeta, hay un gran espacio que merece varias aclaraciones. Un reciente informe de ONU Habitad determina que las ciudades de América Latina encabezan, juntos con las africanas, la lista de las urbes más desiguales del mundo en distribución del ingreso, pero son en Brasil donde se encuentran los niveles de desigualdad más elevados: Brasilia, Belo Horizonte, Fortaleza y Sao Paulo, debiendo agregarse que América Latina es la única región del mundo en desarrollo, donde una mayor proporción de personas pobres vive en zonas urbanas. Con esa información previa y sin que esto signifique consuelo, hay que aclarar por lo tanto que la desigualdad imperante en Guayaquil no es una mancha excluyente y agobiante en el mapa latinoamericano, sino que es el reflejo de una realidad política, económica y social que marca a toda la región, virtualmente sin excepción.

En ese contexto, el Gobierno también ha sido insistente en achacar el problema de la desigualdad al modelo de desarrollo municipal impuesto por los alcaldes Febres-Cordero y Nebot, aseverando que ese modelo ha sido exitoso para un sector minoritario y no para la gran mayoría de los guayaquileños. Sin embargo, esa teoría va en total contravía de lo que ha significado el desafío del desarrollo urbano de Guayaquil, ciudad que de forma generosa ha sostenido y acogido durante décadas, como ninguna otra ciudad del país, un movimiento migratorio interno e incesante, sin que el Estado en su momento haya asumido las responsabilidades necesarias.

Hablar de las zonas marginales en Guayaquil es hablar de la pobreza profunda de un país descompuesto, habiendo sufrido nuestra ciudad la consecuencia más directa de dicha descomposición.

En ese sentido, el aporte estatal a Guayaquil deberá estar desprovisto del afecto o desafecto que guarde el régimen de turno hacia la administración municipal. Puede el actual gobierno disentir abiertamente con el alcalde guayaquileño, pero no debería desconocer la historia urbana reciente de Guayaquil, pues se contradice inclusive con el sentir mayoritario guayaquileño. Guayaquil debe reclamar lo que le corresponde: cualquier sugerencia diferente es demagogia.