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QUITO. El gerente de Teleamazonas, Sebastián Corral, en la audiencia del 29 de diciembre pasado dentro de la acción de protección que interpuso y que la jueza Elena Ortega negó.

La sentencia de la Primera Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha, que ordenó a las autoridades el pago de una indemnización a Teleamazonas por daño material, provocó ayer el respaldo del presidente de la República, Rafael Correa, al superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo. El Presidente comparó el caso con Filanbanco y anunció continuar en el litigio.

“Podría decirse que esa resolución es el análogo a la sentencia del caso Isaías (ex accionistas del banco), en donde se cambió lo resuelto anteriormente por una petición de aclaración de un fallo judicial”, dijo  Correa, en Riobamba, en donde realizó su gabinete itinerante.

Según el Mandatario, se dejó en la impunidad las irregularidades cometidas por ese canal, que abusó de la libertad de expresión para manipular, engañar y decir que había un centro de cómputo clandestino y que se iba a suspender la pesca por seis meses en la isla Puná.

El 1 de febrero pasado, la Primera Sala de la Corte dispuso el pago por daños ocasionados a la televisora, el momento en que la Superintendencia sancionó al canal con la suspensión de las emisiones, durante 72 horas de manera inmediata, que se cumplió entre el 22 y el 25 de diciembre pasado. En esos tres días, el canal salió del aire.

La jueza de primera instancia negó el recurso de protección presentado por la defensa del canal, que apeló la decisión a la Primera Sala de la Corte, la cual aceptó el recurso y sentenció en contra del Estado.

Tal sentencia es de última instancia (inapelable) y de cumplimiento obligatorio una vez ejecutoriada, es decir, transcurridos los tres días laborales que la ley otorga para que la contraparte impugne; esos días se cumplieron ayer.

“Ciertos medios de comunicación hoy se solazan porque un Tribunal supuestamente le dio la razón, para mí aquello lo único que demuestra es el poder inmenso que estamos enfrentando, no es solo el informativo en este caso, sino el financiero. Vayan, vean de quién es ese canal de televisión”, refutó Correa, de acuerdo con el portal oficial.

Néstor Arboleda, director de Patrocinio Nacional de la Procuraduría General, comentó que el Superintendente podría basarse en el artículo 60 de la Ley de Garantías Constitucionales para presentar un nuevo recurso de defensa, este sería una acción extraordinaria de protección. Para ello gozará de veinte días laborables.

Ernesto López, ex presidente del Tribunal Constitucional, consideró que esa figura legal no procede porque, de acuerdo con la Constitución, la Corte Constitucional tiene que conocer los pedidos de protección para elaborar la jurisprudencia; “eso le mandan los jueces y si tiene esa facultad ya no tiene la otra. Sería un contrasentido que pueda conocer un asunto a través de dos vías”, dijo.

Aunque Hernán Rivadeneira, ex magistrado del Tribunal Constitucional, estimó lo contrario. Si bien el recurso de protección concluye en esa instancia, el gobierno puede invocar otra figura legal como la acción extraordinaria de protección.

En ese caso las autoridades deberán plantear claramente cuáles fueron los derechos constitucionales violados y plantear bien el recurso porque pueden rechazar el documento, solo por fallas de forma.

Pablo Ortiz, defensor del canal, aseguró que la próxima semana anunciará las acciones legales, pues aún estudian las estratégicas, tras los anuncios gubernamentales.

Rafael Correa
MANDATARIO
“El juez de primera instancia había dado toda la razón a la Superintendencia, mientras que los jueces del Tribunal de segunda instancia dicen exactamente lo contrario. ¿Cómo es posible?”.