Un viejo adagio dice que no es posible jugar limpio con alguien que juega sucio, y eso parece ser, por lo que veo y oigo en la publicidad gubernamental y municipal, lo que piensa un régimen del otro. Al decir municipal me refiero por cierto a Guayaquil, que reclama con firmeza en estos días, y lo hará con mayor vigor la próxima semana, por un escamoteo de las rentas que le pertenecen a causa de una interpretación equivocada de lo que debe entenderse como “el quince por ciento de ingresos permanentes” y el “cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central”, según dice la Constitución al referirse a los recursos económicos de los gobiernos autónomos descentralizados.
No tengo cifras en mis manos para hacer mis propios cálculos sobre la asignación anual exacta que le corresponde a Guayaquil, pero si la Constitución indica que la distribución de los recursos deberá hacerse atendiendo al tamaño y densidad de la población, a las necesidades básicas insatisfechas y a los logros en el mejoramiento de los niveles de vida, no cabe duda de que esta ciudad debería recibir el mejor de los tratos por parte del Gobierno central sin tener que verse forzada a reclamar airadamente por lo que considera una inequidad.
De sobra sabemos, quienes vivimos en Guayaquil, que aquí no hay solamente una presentación urbana de calidad alta y media, sino que, como en todas las grandes urbes del mundo, existen cinturones de miseria en las áreas periféricas que carecen de los servicios básicos, pues las censurables invasiones de tierras han sido constantes, imposibles de detener, muchas veces apoyadas o estimuladas desde los despachos de los funcionarios gubernamentales con fines politiqueros demagógicos e irresponsables, razón adicional para entregar a la ciudad los recursos correspondientes, tanto más cuanto que esta circunscripción alberga a ciudadanos de todo el país. Pero lo más importante no es la razón lógica de eficiente administración pública que exige la distribución adecuada de los recursos, sino el mandato de la ley.
Contener la expansión poblacional de Guayaquil e impedir la ocupación de las tierras circundantes al área urbana es una tarea casi imposible, y menos si la municipalidad no cuenta con el apoyo irrestricto, económico y coercitivo del Gobierno central, que le ha negado sistemáticamente su apoyo a la ciudad en una política mal entendida que no creo que le haya rendido frutos. Solo como hecho anecdótico recuerdo que en un año tan lejano como 1972 el Concejo Municipal decidió que no daría más servicios ni atenciones a quienes se asentaran más allá de ciertos linderos perfectamente delimitados de la ciudad, pero esa resolución, que se mantuvo por algún tiempo, se vio más tarde superada por los afanes y decisiones políticas que fueron uno de los principales enemigos de la urbe. Y sigue siendo así 38 años después.
Contrariamente a lo que mucha gente piensa o difunde, Guayaquil no es una ciudad rica, tiene enormes necesidades insatisfechas, y ya no existe tampoco la denostada oligarquía guayaquileña que sirvió de deleite a muchos políticos de variado pelaje que dijeron combatirla para alcanzar posiciones en la escalera del poder. Pero Guayaquil no se ha dejado vencer ni por los hombres ni por la naturaleza bajo el impulso de la mayoría de quienes ella cobija.