Según la Real Academia Española, existen doce definiciones para la palabra justicia. Una de ellas dice: “derecho, razón, equidad”. Lamentablemente, esta definición ha sido cambiada (para desgracia de muchos) por ciertos oficiales de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG). Para ellos, justicia significa: sin derecho a reclamar; sin razón para discernir, sin equidad ciudadana.

Fui multado por un oficial de la CTG porque, según él, me pasé una luz roja. Estábamos encolumnadas varias personas con nuestros carros; al llegar a una intersección, el tránsito se detuvo y mi auto quedó delante de la señalización del paso cebra. Cuando la columna de vehículos se movió, el semáforo cambió de la luz verde a la amarilla y luego a roja; lógicamente tuve que seguir, porque si no obstruía el tráfico.

Al cruzar la intersección apareció un oficial en su moto y me detuvo. Sin la más mínima educación y con prepotencia me pidió mis documentos; le pregunté qué sucedía. En forma grosera me dijo: “¿Qué, no se da cuenta de que se acaba de pasar la luz roja en la intersección?”. Yo le repliqué: “Oficial, si no cruzaba la intersección, obstruía el tránsito, tenía que continuar”. Y me dijo: “Lo lamento. Leyes son leyes. Se acaba de pasar la luz roja”. Insistí en que era injusta la citación, y me dijo: “Mire, a mí no me interesa su opinión de lo que debo hacer. Usted se pasó la roja y debo multarlo”.

Cuando llenó la citación, no se la recibí porque le dije que era injusto, yo no me había pasado la luz roja por imprudencia; le pedí que hiciera justicia; me habló: “Si quiere justicia, tiene diez días para apelar en un juzgado de tránsito”. Confiando en su palabra, cogí la citación.

Pasaron tres días y en el juzgado de tránsito la citación no estaba. Regresé nuevamente después de dos días, así pasaron diez y no aparecía la citación. Volví al undécimo día y apareció la citación. Quise apelar y me dijeron que ya no podía hacerlo porque el plazo se pasó, y que pagara la multa.

Es vergonzosa la manera como suceden las cosas en este país; las leyes cambiaron, y me parece bien, pero la corrupción y los valores de unos funcionarios públicos siguen perdidos.

Jorge Villafuerte,
ingeniero, Guayaquil