Lunes 01 de febrero del 2010 Comunidad

Ex pacientes del PAP son asumidos hoy por Gobierno

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En el punto de atención médica de la ciudadela Coviem se retiraron los registros de 10.800 pacientes, el sábado pasado.

Declaración. El director provincial de Salud, Eduardo Verdesoto, dice que contrató 10 de 15 clínicas del PAP por presión del Alcalde.

Desde hoy el Ministerio de Salud asume el Plan de Aseguramiento Popular (PAP), que era administrado desde el 2006 por el Municipio de Guayaquil.

Hasta el pasado sábado, la atención en los centros médicos privados que daban este servicio a los beneficiarios del Bono Solidario fue regular. En algunos puntos ese días se empezaron a retirar las historias clínicas de los pacientes y los medicamentos para trasladarlos a la fundación del PAP.

El Municipio comunicó ayer que el Ministerio de Salud no ha informado dónde será la atención, ni la ubicación de la red, ni la distribución de los beneficiarios, por lo cual la fundación custodiará los registros que podrán ser solicitados por los pacientes. Esto, según el director provincial de Salud, Eduardo Verdesoto, busca obstaculizar el traspaso del servicio que, aseguró, será oportuno.

Textual
Para atención

Eduardo Verdesoto
Director Provincial de Salud
“Pude no contratar (clínicas), pero lo hago porque tengo a los medios encima y   presión del Alcalde”.

Le da lo mismo si se mantiene o se elimina el Plan de Aseguramiento Popular (PAP). Lo que Ana Angulo quiere es que sus hijos David y Daniela reciban una mejor atención médica  que la que han tenido hasta ahora como afiliados del PAP y como usuarios del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Lo dice sentada en la acera de cemento fría y desgastada del hospital Francisco de Ycaza Bustamante a las cuatro de la madrugada del viernes pasado. Hora y media antes llegó desde El Pedregal (Guasmo sur). Su hija Daniela, de 9 años, duerme en la calzada gris. Las piernas de Ana hacen las veces de almohada y una frazada le cubre apenas la mitad del cuerpo.

“No tengo tiempo para estar llamando al PAP y que me digan que llame después de media hora, tengo que venir acá o sino sacar de mi bolsillo para pagar a un médico, no tengo plata”, dice Ana, una madre soltera de 32 años que sobrevive con las ganancias que le deja una pequeña tienda en su domicilio.

Siendo beneficiaria del PAP, Ana no ha dejado de hacer las colas en los hospitales públicos para lograr, como ese viernes, que un médico revise la gripe de su hijo, o de pagar cinco dólares de la consulta neurológica para su hija Daniela en el psiquiátrico  Lorenzo Ponce, de la Junta de Beneficencia, ni de eventualmente acudir a un médico privado. Por eso, el hecho de que desde hoy el PAP será manejado por el Ministerio de Salud no la alegra ni la afecta.

Quienes sí han tomado posturas desde hace más de un año,  cuando se anunció su cierre, han sido las dos fuerzas políticas que se confrontan en Guayaquil y que están representadas por el presidente Rafael Correa y el alcalde Jaime Nebot.

De ambos lados han salido autoridades y partidarios a defender los sistemas de salud. “Se presenta al PAP como un beneficio para 450 mil personas, pero solo acuden dos mil, porque es malo, no cubren partos y solo hacen diagnósticos de cáncer. Estas dos mil personas nunca se han quejado, porque al final van a los hospitales públicos”, afirma el director provincial de Salud, Eduardo Verdesoto.

“¿Sabe cuál es el porcentaje de  personas que dan a luz o se hospitalizan? Cuando tienen un dolor estomacal, una infección en la piel o de las vías urinarias,  no necesitan hospitalizarse. El 85% de los problemas de salud se cubre en el primer nivel, eso lo hemos atendido nosotros, nunca hemos ofrecido más allá de eso”, responde la gerente del PAP hasta el sábado pasado, Samia Peñaherrera.

El PAP, un seguro médico para quienes reciben el Bono Solidario, se inició en el 2006 con el presidente Alfredo Palacio, mediante un convenio entre el Gobierno y el Municipio de Guayaquil para dar servicios médicos, odontológicos, fármacos, funeraria, laboratorio, control prenatal y prevención de cáncer de útero y de mama.

El programa se financiaba en el 67% con recursos del Gobierno central, el 6,1% con fondos municipales y el resto con el aporte de los afiliados, a quienes el Estado les descontaba un dólar de su bono cada  mes.

Su directorio tenía  cuatro miembros, dos del Gobierno (Presidente o su delegado y el Ministro de Inclusión Social), con el 50% de la votación; el Municipio de Guayaquil, con el 25%; y la Junta Cívica, con el otro 25%.

Cualquier decisión respecto del PAP requería la aprobación del Gobierno, en este caso del presidente Correa con el Cabildo (Nebot) o con el representante de la Junta Cívica, entidades en pugna.

Miguel Palacios, presidente de la Junta Cívica de la urbe, recalca que es política la determinación de cerrar el PAP. “Esto le quita poder político en una ciudad donde no es querido y una forma es eliminar las instituciones que sí funcionan”, afirma.

Sin embargo, para el Gobierno el PAP estaba siendo “capitalizado políticamente” por el Cabildo, según la ministra de Inclusión Social, María de los Ángeles Duarte. “La gente pobre vota por Nebot y por el Presidente, se trata de restar la simpatía del presidente en la gente pobre”, agrega Verdesoto, encargado de implementar el nuevo programa del régimen.

De las mismas quince clínicas que tenía el PAP, diez han sido contratadas por el Ministerio. “Muy bien pudiera no contratar a ninguna y asumir a los pacientes, pero no lo hago porque tengo a los medios encima y  la presión del Alcalde, que ya abrió la boca para decir que van a salir a hacer colas en los hospitales”, indica el funcionario, quien promete que además de la atención básica, el nuevo programa dará cobertura gratuita a partos y cesáreas, exámenes de laboratorio y a todas las enfermedades catastróficas y hasta trasplantes.

Opiniones

Eduardo Verdesoto
Director Provincial de Salud
“La gente pobre vota por Nebot y por el Presidente; se trata  de restarle simpatía al presidente en la gente pobre”.

Miguel Palacios
Presidente de la Junta Cívica
“Quitar instituciones que sí funcionan es una forma de quitar poder político en una ciudad donde nunca ha ganado elección”.

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