Asambleístas presentaron 26 propuestas de cambios penales

A finales de febrero, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado deberá entregar el segundo informe sobre los cambios reformatorios a los códigos Penal y de Procedimiento Penal. La secretaría de la mesa se encuentra sistematizando las observaciones.

El 13 de enero pasado, luego de dos intentos, se pudo realizar el primer debate sobre el texto que recogió cambios puntuales establecidos en los 13 proyectos presentados.

Legalmente la Comisión tenía tres días, después del primer debate, para recoger las observaciones, por escrito, de los asambleístas que creían debía incorporarse o eliminarse ciertos temas en el siguiente documento.

Hasta el viernes 15 de enero, la secretaría de la Comisión recibió los aportes de 26 asambleístas del oficialismo y oposición. Por ejemplo, los asambleístas de Acuerdo PAIS Rolando Panchana y Juan Carlos Cassinelli proponen incrementar el monto económico propuesto para diferenciar cuándo un hurto debe ser considerado delito o una contravención.

La Comisión plantea que sea el 10% de un salario mínimo (24 dólares), pero Panchana cree necesario elevar al 50% de una remuneración básica (120 dólares). Según el asambleísta, esto ayudaría a que las comisarías y fiscalías no se congestionen y se cumpla con el principio constitucional de celeridad.

Cassinelli, al igual que Paco Fierro, de Sociedad Patriótica, plantean que se considere como hurto toda cosa sustraída que no supere un sueldo básico ($ 240).

En cuanto al numeral 6 del artículo 30 del Código Penal, con el que la Comisión busca “ejecutar los delitos de homicidios o asesinatos en contra de los miembros de la fuerza pública en el desempeño de sus funciones”, la asambleísta de PAIS Mercedes Diminich quiere que se incorpore “(...) o conociendo previamente su calidad” para sancionar más fuertemente este hecho.

La gobiernista, al igual que el líder de la Izquierda Democrática, Andrés Páez, sostienen que es necesario que se tenga como agravante en un delito el que se atente contra miembros policiales. Diminich también pide que se incorporen sanciones para los abogados que entorpezcan o alarguen los procesos judiciales.

Pese a que la Comisión de Justicia, por unanimidad, decidió retirar del próximo texto la prisión preventiva en temas de injuria, existen observaciones, como la del socialista Eduardo Encalada, que insiste en que esta debe estar en el Código de Procedimiento Penal.

Para Encalada, “no es posible que a un ciudadano se le quite el honor y no haya ninguna situación que pueda controlar ello”. En cambio, Mao Moreno (PAIS) planteó que debe existir ese precepto, pero con sus debidas regulaciones, para que no haya abusos de poder. Las mismas, dijo, deben ser concensuadas con el debate asambleísta.

El representante de la derecha en la Asamblea, Enrique Herrería, de Madera de Guerrero, es más tajante en el tema y continúa pidiendo que se incluya para el segundo debate la eliminación de los artículos 230, 231, 232 y 233 del Código Penal, que hablan sobre las leyes del desacato.

Herrería aclara que dejar que estas leyes sean eliminadas por un futuro nuevo Código Orgánico Penal, como lo pide la Comisión, es seguir permitiendo que “el presidente (Rafael) Correa siga persiguiendo a quien no comulga con sus intereses personales”.

Además, plantea nuevamente la detención obligada con la salvedad de que el juez resuelva la situación del detenido en un plazo máximo de 90 días.
Esta observación también fue parte del primer texto remitido por Madera de Guerrero en octubre pasado, pero la Comisión la desechó por considerarla inconstitucional.

El sancionar penalmente a quienes establezcan y operen casinos ilegales es un punto que debe ser valorado por la Comisión en el nuevo informe, dijo César Rodríguez (PAIS). Además, manifestó que debe cambiarse la desproporción de pena con seis años de reclusión a quien guarda bienes robados.

En cuanto a los delitos millonarios, que según Paco Fierro son los de “cuello blanco”, este propone sanciones más fuertes y ejemplarizadoras.

“No es justo que solo nos preocupemos de los delitos menores, de esos que son producto de la inequidad social. Es nuestra obligación poner un freno al enriquecimiento ilícito de tanto personaje que ha llegado a gobernarnos”, concluyó.

La sistematización de las observaciones será entregada por la secretaría de la Comisión de Justicia una vez que exista un pedido formal de su presidenta, la oficialista María Paula Romo.

Detalles

85 proyectos
Desde octubre del 2009, cuando la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional abrió la discusión, se han recibido 85 documentos con propuestas de cambio de la sociedad civil, de asambleístas y bloques legislativos a los códigos penales.