Sobre el Parque Nacional Yasuní –que abarca un millón de hectáreas en las provincias de Orellana y Pastaza– se puede hacer un sinnúmero de mapas para identificar la biodiversidad, ubicar la variedad de especies animales y vegetales únicas en el planeta y situar a comunidades indígenas que viven allí. Sin embargo, también se puede trazar otro con los sitios de tala ilegal de árboles y, sobre todo, de explotación petrolera.

La idea de que el Yasuní es una zona de naturaleza pura que ha sido conservada a pesar de la constante actividad hidrocarburífera que hay en su entorno es relativa.

Dos petroleras extranjeras y una ecuatoriana tienen allí sus campamentos desde hace varios años. La delimitación de los bloques no coincide necesariamente con la del Parque; sin embargo, es evidente que el área ecológica convive con otra de actividades petroleras.

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Dentro del millón de hectáreas del Yasuní se encuentran el bloque 16, que está en manos de un consorcio liderado por Repsol (de España); el 14 y el 17, a cargo de Petrooriental (de China), y el 15, que lo tiene Petroamazonas (estatal ecuatoriana) desde el 2006, luego de que salió del país la multinacional Occidental (de EE.UU.). Todos estos campos se encuentran en plena fase de producción.

Según datos proporcionados por fuentes de las firmas y del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, las tres compañías, en conjunto, extraen más de 150 mil barriles de crudo por día.

Las operaciones en los bloques 14, 15 y 16,  los más grandes en el Parque, empezaron hace más de 20 años. Los contratos con las petroleras que explotaron estos bloques se firmaron entre 1985 y 1987; luego fueron reemplazadas por otras.

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Este Diario llamó a Repsol para obtener datos básicos de sus operaciones en la zona –como el nivel de producción–, pero la compañía se negó a proporcionar la información.

Una fuente de Petrooriental explicó que antes de que lleguen al país, en el 2006, petroleras de Canadá, Estados Unidos y Brasil ya pasaron por el Yasuní.

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Los ejecutivos de las petroleras, quienes pidieron que no se revelen sus nombres, argumentan haber cumplido con los requisitos de manejo ambiental exigidos por las autoridades. Incluso, dicen, se han visto en la necesidad de negociar obras de infraestructura y proyectos sociales con los dirigentes de las comunidades indígenas que viven en la zona.

Los grupos ambientalistas, como Acción Ecológica, denuncian, en cambio, varios derrames de crudo y de líquidos contaminantes en los ríos.

Fuera de grabación, tanto las petroleras como los comuneros y los ambientalistas reconocen que uno de los principales problemas es que la ausencia del Estado ha provocado la complicidad de varios dirigentes comunitarios en la explotación.

Dentro del Parque Nacional Yasuní también se encuentra el bloque 31, en manos de Petroamazonas. Allí aún no empieza la fase de explotación, aunque los campamentos están listos.

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En el extremo oriental, justo en el límite con Perú, está el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), que tiene una extensión de 200 mil hectáreas; es decir, la quinta parte de la superficie total del Yasuní. Este bloque se ha convertido en la manzana de la discordia entre quienes quieren mantener el crudo de esa reserva bajo tierra y quienes plantean explotarlo.

Carlos Larrea, que participó como director técnico de la comisión oficial que promovió la iniciativa Yasuní-ITT, sostiene que, dada la extensión del Parque Nacional, el impacto ambiental no ha sido mayor. Pero advierte que si se aprueba la explotación del Ishpingo-Tambococha-Tiputini, los efectos serían graves, debido a que si bien la zona es pequeña respecto a la superficie protegida, es considerada de alta sensibilidad ambiental.

Detalles: Reservas
Biodiversidad
La revista estadounidense Plos One difundió un estudio que advierte que la potencial explotación de los bloques 31 e ITT es la principal amenaza del Parque Nacional Yasuní, al que califican como uno de los lugares más biodiversos del planeta.

Planes
Petroecuador tiene un proyecto para explotar con un socio estratégico el crudo del ITT. La inversión prevista es de $ 3.500 millones.