Tras la decisión del Consejo de la Judicatura (CJ), que destituyó a 7 jueces y conjueces por irregularidades cometidas en el trámite del caso de narcotráfico Huracán de la Frontera, la Fiscalía analiza el inicio de procesos judiciales contra los sancionados, así como investigará al fiscal del Guayas que actuó en ese proceso, Jorge Solórzano.

Así lo advirtió ayer el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, quien respaldó la resolución del CJ tomando en cuenta que en este caso la Fiscalía debió recurrir a arbitrios legales para impedir que los imputados recobren ilegalmente su libertad, con la complicidad de los jueces.

Los destituidos son magistrados de garantías penales que pertenecen al distrito Guayas. También fueron suspendidos por 30 días jueces y conjueces de la Corte de Esmeraldas, y el secretario de esa jurisdicción fue multado.

Según el CJ, ellos no agilizaron el proceso de narcotráfico para evitar que se produzca la caducidad de la prisión preventiva que pesaba sobre los imputados en ese caso, donde se decomisó 4 ½ toneladas de clorhidrato de cocaína en un finca del sector La Campanita, en San Lorenzo-Esmeraldas.

En la resolución, el CJ pidió iniciar acciones disciplinarias contra Solórzano por sus actuaciones en el proceso, en el que se produjo la caducidad de la prisión preventiva.

Paralelamente, el CJ destituyó del cargo de notaria segunda de Quito a Ximena Moreno de Solines, por haber cobrado 35.268 dólares para registrar una escritura pública entre Coca Codo Sinclair y Sinohydro Corporation, cuyo monto asciende a los $ 1.979 millones. Según el CJ, el monto excede a $ 5 mil, que fija una resolución del ex Consejo Nacional de la Judicatura.