El pleno de la Asamblea Nacional realiza hoy el primer debate del informe sobre la Ley Reformatoria a los códigos Penal y de Procedimiento Penal propuesto por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Según la secretaría de la Asamblea, el informe fue entregado el pasado jueves 24 de diciembre por la presidenta de la comisión, María Paula Romo (PAIS), y debido a la importancia del tema fue inmediatamente incluido como cuarto punto en el orden del día del pleno.

Este primer análisis del informe llega luego de un mes de debate y socialización dentro de la Comisión de Justicia, sobre los trece proyectos de ley reformatoria a los códigos presentados por diversos sectores y aprobados por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea (CAL) el 30 de noviembre último.

El asambleísta de Izquierda Democrática y miembro de la comisión que analizó la propuesta, Andrés Páez, cree que el informe tendrá la aceptación del pleno. Por un lado, porque el informe está firmado por la mayoría de la comisión que son de PAIS y, por otro, porque con los cambios planteados existe una “aceptación de los desatinos” introducidos por el ‘Congresillo’ y vigentes desde el 24 de marzo pasado.

En cambio, el oficialista Mauro Andino aclaró que la Asamblea puede introducir los mejores cambios a los códigos, pero estos deben ir acompañados de acciones tangibles de parte de la Fiscalía, de la Policía Nacional y en especial de un Consejo de la Judicatura (CJ) que, a su parecer, no ha cumplido un trabajo eficaz al sancionar a malos elementos.

La tesis del movimiento oficialista fue la que prevaleció en el informe, en lo que se refiere al monto económico que define a una contravención de un delito. Este pasó de $ 654 a $ 21,80, es decir, el 10% de una remuneración básica unificada.

También se propone que la estafa y la violación de domicilio dejen de ser un delito de acción privada y pasen a ser un delito de instancia oficial.

También se plantea que los secretarios de las judicaturas presenten un informe mensual al CJ sobre las audiencias realizadas y fallidas de esas sedes judiciales, junto con un resumen de las causas de por qué no se realizaron.
Además se ordena a los fiscales que establezcan, dentro la fundamentación de su instrucción fiscal, si existe o no la reincidencia de delitos en cada uno de los procesados.

Plazos
El pleno discutirá y tramitará el documento en un  día. Luego volverá a la Comisión de Justicia para que en un plazo de entre 15 y 45 días  trabaje un nuevo informe, incluyendo los aportes entregados, antes del segundo debate.

Socialización
La Comisión invitó el 9 de diciembre pasado al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; al director técnico de la Defensoría Pública, Ernesto Pazmiño y a penalistas, para socializar el proyecto.