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QUITO. El pleno de la Asamblea sesionará este jueves para debatir el primer informe del proyecto de Ley de Comunicación.

Pese a que en el informe para primer debate  el Consejo de Comunicación e Información –organismo que tendría la potestad de amonestar, multar con hasta $ 10.900, suspender por hasta 30 días y clausurar un medio– no tendría mayoría del Ejecutivo, las voces en contra de su conformación prevalecen y aseguran que su independencia está en entredicho.

Según el proyecto presentado por el oficialismo, dicho Consejo estará integrado por un delegado del Ministerio de Educación, otro del Ministerio de Cultura, un representante de las facultades o escuelas de comunicación reconocidas legalmente y tres de la ciudadanía elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana.

Eric Samson, coordinador de Periodismo Multimedia de la Universidad San Francisco, corresponsal de ‘Reporteros sin Fronteras’ en Ecuador y ex presidente de la Asociación de Prensa Extranjera, sostiene que mucho más simple sería que ese Consejo no esté a cargo de sanciones porque para eso está el Poder Judicial y, si se aprueba el texto tal y como está, los periodistas estarían sujetos a  doble sanción, a ser juzgados dos veces por la misma causa.

Sobre la integración, Samson dice que habría que ser ingenuos para creer que el futuro Consejo no tendrá  mayoría gobiernista, espera que el Consejo de Participación tenga la entereza de nombrar personas íntegras, conocedoras e independientes como representantes de la ciudadanía.
Agrega que la ciudadanía también se equivoca y no es garantía de nada.

Mónica Chuji, ex secretaria de Comunicación de este Gobierno, está de acuerdo con la creación de un Consejo independiente del Ejecutivo, pero no comparte que se convierta en  organismo de control. “Tiene que ser un organismo que vigile el cumplimiento de la Ley de Comunicación”.

Que sea el Consejo de Participación Ciudadana el encargado de elegir a los representantes de la ciudadanía genera muchas dudas en Chuji.

Como sucede con todo organismo público, el funcionamiento del Consejo de Comunicación, principal organismo que crea el informe de la mayoría oficialista que este jueves irá al primer debate, dependerá del financiamiento que el régimen de turno le asigne.

La ex secretaria de Comunicación expresa que no se debería pensar en que el financiamiento podría servir como mecanismo de chantaje para un determinado interés del Ejecutivo y para asegurar aquello ese ente debería tener una composición más plural y con amplia representación.

“Hay que empezar a desechar esa práctica de chantaje que ha habido en este país y que lo sigue habiendo hasta ahora. Creo que sin duda hay que regular el trabajo, la acción de los medios”, manifiesta Chuji.

El Consejo tendrá delegados regionales y distritales. El proyecto no descarta la creación de otras circunscripciones territoriales si son necesarias.

Otro organismo que se crearía  es la Defensoría del Público, adscrita a la Defensoría del Pueblo y con cinco atribuciones: recibir quejas y denuncias que revelen afectaciones al pleno ejercicio de los derechos de comunicación de las personas y colectivos por parte de los medios de comunicación y las instituciones públicas, promover la resolución amistosa de conflictos, emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato para la protección de dichos derechos, emitir recomendaciones públicas a los que violenten esos derechos y, solicitar juzgamiento y sanción si fuere el caso ante el Consejo de Comunicación.

Al respecto, el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, indica que el proyecto no define competencias, titularidad, duración, ni papel de la dicha Defensoría y pudiera darse un conflicto de competencias, aunque todavía es un proyecto incompleto.

“Lo pertinente para esto es que si se quiere crear un mecanismo de esta clase se le encargue mediante una disposición de Ley a la Defensoría del Pueblo, esto debe pasar con la defensoría del cliente, del consumidor, el público, de Dios y del diablo, eso sería lo lógico”. Para Gutiérrez, la “fiebre de defensorías” es inconveniente, debilita el papel y la importancia como institución de la Defensoría del Pueblo, contrario a lo que sucede en el ámbito internacional, donde las Naciones Unidas apoyan a una red internacional para promover el establecimiento y fortalecimiento de las defensorías del Pueblo.

El proyecto agrega  que las personas  tienen el derecho de organizarse y constituir veedurías ciudadanas y observatorios de medios.

Opiniones

Eric Samson
PERIODISTA Y CATEDRÁTICO
“Ojalá se nombren personas íntegras, independientes... La experiencia  en  muchos países muestra que ese no es siempre el caso”.

Mónica Chuji
EX SECRETARIA DE COMUNICACIÓN
“El nuevo Consejo de Comunicación no puede estar en función de lo que diga el gobierno de turno, sino de lo que diga la ley”.