El gerente de la Unidad Eléctrica de Guayaquil, Óscar Armijos, señaló ayer que están  analizando sanciones administrativas para otro grupo de trabajadores que participó en una protesta el 18 de noviembre pasado, durante una visita que hizo el Presidente de la República.

Por ese suceso ya fueron notificados con visto bueno 19 empleados, entre los que se encuentran dirigentes del comité de trabajadores de la empresa eléctrica. A ellos se los acusa de paralizar la atención al público y faltar supuestamente el respeto al Mandatario.

“Se están haciendo las evaluaciones del grado de incumplimiento y el grado de falta para según eso proceder a la sanción (de otro grupo de empleados)”, sostuvo Armijos.

Con  respecto a los eléctricos separados, sostuvo  que fue claro y notorio que utilizaron bienes públicos (carros canastas y de distribución), que tienen que atender permanentemente emergencias. “Eso es paralización de servicios públicos y utilización de bienes públicos para otro objeto que no fueron creados. Es una falta muy grave en una entidad pública”.

El funcionario aseguró que en caso de que la autoridad de trabajo no acepte el visto bueno solicitado para los 19 trabajadores, que ahora están suspendidos, acatarán la resolución. Los empleados han pedido a través de dos abogados la restitución a sus cargos.

La Unidad Eléctrica de Guayaquil también interpuso una denuncia en contra de los empleados por sabotaje al servicio público.