El informe que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Conea) ha dado a la publicidad sobre los resultados de la evaluación de 77 universidades del país ha causado, en aquellas que han recibido las calificaciones más bajas, preocupación y desasosiego. Era de esperarse.

Pero el informe, aunque pueda ser objeto de crítica por los parámetros utilizados u otras razones, debe ser seriamente considerado, dada la calidad profesional y solvencia de los técnicos que la han efectuado. La evaluación  reconfirma lo que, desde hace unos años, ha sido palmario: el bajo nivel de educación de muchas universidades. Confirma, además, el alto nivel de la mayoría de las politécnicas. Hace unos meses, en esta misma columna, me referí a la del Guayas como modelo de una buena institución de educación universitaria.

El informe también confirma la existencia de un exagerado número de universidades o institutos de educación superior, entre las cuales existen varias entidades de bajísimo nivel, a tal punto que el Conea sugiere su eliminación.

Aquello de que a las universidades se las haya clasificado en cinco categorías quizá no sea lo más acertado y motivará reclamos y protestas, peor aún si se considera el futuro de los egresados que podrían ser discriminados en profesionales A, B, C, y así sucesivamente. Ello puede pesar mucho en el marco del trabajo profesional.

Aunque unas ocupen la primera categoría, hay que insistir en que todas las universidades mejoren y se coloquen a nivel de otros países como, sin ir lejos, Chile o Costa Rica. Las que están en categorías inferiores deberían tener un plazo razonable para mejorar y no ser clausuradas. Algunas de ellas son muy nuevas o de provincias donde no es posible encontrar, por ejemplo, profesores con títulos de cuarto nivel. Las de más baja categoría, al menos algunas de ellas, podrían convertirse en institutos y las otras suprimirlas. Es de suponerse que en el informe constan las falencias de cada universidad, falencias por ser superadas dentro de apropiados plazos para que todos sepan a qué atenerse y cuáles deberían ser las mejoras por introducirse.

Otro hecho que revela la mercantilización de la “educación superior” es el crecido número de “extensiones” que confieren títulos de ingenieros hasta en los temas más disparatados.

De todas maneras, el informe lleva a pensar que, a menos de tomarse medidas con la necesaria prudencia, estas pudieran causar un grave conflicto con los estudiantes, pues sin ser ellos los responsables, serían los más perjudicados, como he señalado más arriba al referir que, al ser categorizadas las universidades, los graduados en aquellas de categorías bajas pudieran eventualmente ver afectado su porvenir profesional.