EE.UU. analiza avalar elección en Honduras

Estados Unidos asegura que vigilará atentamente las cruciales elecciones del próximo domingo en Honduras, para luego decidir si las reconoce, comunicó  el Departamento de Estado.

“Washington no tomará por anticipado una decisión sobre los comicios porque, por encima de todo, los hondureños tienen derecho a elegir sus representantes, y porque las elecciones ya estaban inscritas en el calendario legal del país”, declaró   Arturo Valenzuela, nuevo vicesecretario de Estado para América Latina.

Los hondureños votarán el domingo para elegir presidente, diputados y alcaldes para el periodo 2010-2014. Países como Panamá y Perú han decidido reconocer los comicios, mientras que Brasil, Argentina, Paraguay, Guatemala, Venezuela, Ecuador y España anunciaron que no lo harán.

El ex presidente de El Salvador Armando Calderón fue uno de los primeros invitados extranjeros en llegar ayer para actuar como observador en las elecciones. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral prevén que hasta  mañana lleguen observadores de Bolivia, Colombia, Chile, Estados Unidos, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Suiza y Venezuela, de los que no se han ofrecido más datos hasta el momento.

El Centro Carter no enviará observadores “puesto que todavía no se ha establecido el gobierno de unidad nacional”, informó la institución.

En tanto, la  Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras ratificó que el depuesto presidente, Manuel Zelaya, no puede ser restituido en su cargo si no se somete a los juicios que tiene pendientes.

Aunque el dictamen que entregó al Congreso no ha trascendido,  Jorge Rivera, presidente de la Corte, declaró  que  la decisión se “sustenta en seis delitos”, entre ellos, el de traición a la patria, desobediencia a órdenes judiciales, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.

El Congreso se reúne el 2 de diciembre para decidir si restituye o no a Zelaya. Con la opinión de la CSJ, el Congreso cuenta ya con las cuatro que solicitó a sendos órganos del Estado para fundamentar su debate, aunque ha aclarado que estos informes no son vinculantes y que la resolución solo dependerá de los diputados.