- NOV. 22, 2009 - Foto - Política - EL UNIVERSO
QUITO. La Comisión Ocasional de Comunicación sesionó ayer unos minutos antes de entregar el texto del proyecto de Ley de Comunicación a la Secretaría de la Asamblea Nacional.
A lo largo de 104 artículos, el proyecto de Ley de Comunicación –aprobado el jueves y pulido el viernes pasado– delinea una estructura de regulación y el escenario bajo el cual ejercerán su labor y dispondrán sus contenidos los medios.
Con base en el artículo 384, título séptimo del Buen Vivir de la Constitución, que considera la creación de un sistema para asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, información y libertad de expresión y a otros considerandos, se elaboró el texto que en varios artículos genera reparos.
La creación de un Consejo de Comunicación e Información, que aparece como eje transversal en el documento, es uno de ellos. Con sede en la capital y delegaciones territoriales, este organismo velará por el cumplimiento de los principios, derechos y mandatos consagrados en la ley, y tendrá entre sus funciones: llevar el registro de todos los medios, auditar su producción y contenidos, y resolver las quejas de quienes se sientan afectados por los actores de la comunicación, con sanciones estipuladas.
“Creemos que temas como la creación de un Consejo de Comunicación integrado mayoritariamente por representantes del Ejecutivo, así como la responsabilidad ulterior sin censura previa, la posibilidad de cancelación del registro de funcionamiento de los medios, las sanciones a los periodistas, entre otros, son peligrosos, pues podrían poner en riesgo la labor de una prensa libre e independiente”, señaló ayer la Corporación Participación Ciudadana.
La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) también ha expresado su preocupación por los poderes de este ente, pues entre sus atribuciones están la de participar en la formulación del Plan Nacional de Frecuencias del espectro radioeléctrico, lo cual incluye, además, a los medios televisivos.
En una serie de disposiciones transitorias que constan en el texto final del proyecto, difundido ayer, se fijan plazos para cumplir algunos mandatos.
La transitoria primera menciona que una vez que se apruebe la ley y se publique en el Registro Oficial, correrá un plazo de 90 días para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elija a los representantes de la ciudadanía (tres) que integrarán el órgano regulador. Los otros miembros son delegados del Ministerio de Cultura, de Educación y de las facultades de Comunicación, y la designación de todos (6 personas) debe darse en 120 días.
La transitoria segunda no menciona plazos para que los medios se registren ante el Consejo, pues ese tiempo lo fijará dicho ente; sin embargo, advierte que el medio que no lo haga “no podrá operar”.
Mientras que la disposición tercera habla de 360 días para reformar la Ley de Ejercicio Profesional de Periodistas.
A los medios audiovisuales de alcance nacional o regional se les conceden cinco años para que en forma progresiva incluyan producción nacional hasta en un mínimo del 40% del total de su programación. Y a quienes laboran en los medios, seis años para cumplir con la disposición de ser periodistas o comunicadores titulados.
A su vez, se otorgarán 180 días para acatar la decisión de que las publicidades que se difundan en el país sean producidas por empresas ecuatorianas.
La Asociación de Comunicadores Sociales, Periodistas Profesionales y Afines del Ecuador (Asocope) anunció una movilización para mañana, en Guayaquil, para rechazar el proyecto. Cuestionó que durante su elaboración no se hayan considerado las opiniones de los sectores involucrados, en especial de los reporteros.