La decisión ministerial de terminar con las aportaciones presupuestarias para el Aseguramiento Popular (PAP) en materia de salud de Guayaquil, decisión postergada en diciembre del 2008 y en junio de este año por falta de una alternativa planificada para dar atención preferencial a los compatriotas destinatarios del bono de desarrollo humano, merece una revisión de las autoridades de salud y del Presidente de la República.

No es que la política de gratuidad en salud no sea lo ideal ni deje de ser un objetivo plausible del Gobierno y de todos los ecuatorianos que somos partidarios de la equidad, sino que su ejecución real y válida no ha sido posible hasta ahora por las limitaciones del sector, pese a la gran inversión en salud gestionada gracias a un presupuesto que ya llega a doblar al del 2006. Lo anterior resulta en que la política de gratuidad de salud no satisface a los ciudadanos, porque no se cumple y permanece solo como un enunciado positivo, concluyendo en la frustración de los necesitados de atención integral, urgente, sin costo y de calidad en todos y cada uno de los establecimientos de salud pública. El Ministerio ha tenido que recurrir por ayuda a la Junta de Beneficencia y a Solca por falta de camas, tratantes y especialistas, iniciativa conveniente pero que pone en evidencia sus debilidades y carencias.

Bien le conviene al Ministerio continuar apoyándose en ese subsistema que ha dado buenos resultados, sobre todo en relación a la gratuidad y calidad de la atención, con la consiguiente satisfacción de los beneficiarios; casi todos son madres jefas de hogar y sus hijos menores de edad, hombres discapacitados y ancianos comprendidos en los quintiles más bajos de ingresos.

El Programa de Aseguramiento disminuye la presión asistencial en los hospitales y centros de salud, contribuyendo a menguar la cantidad de consultas en estos y el tiempo de espera mediante una atención sin desembolso de un solo centavo, con exámenes de laboratorio, rayos equis y medicamentos incluidos.

Los obstáculos de toda índole que va confrontando la administración pública, como ahora los apagones, dificultan la provisión adecuada de atención y deben alertar a las autoridades a no prescindir de ningún recurso que pueda servir a la salud del pueblo. No existe motivación política alguna que justifique el desprecio de proveedores de eficacia comprobada, más bien contar con ellos, ofrece al Ejecutivo el reconocimiento de la ciudadanía. Nuestro sistema de salud será de derecho y de hecho universal, gratuito y de calidad progresivamente; mientras tanto, vayamos integrando todos los medios disponibles bajo la rectoría del MSP (Ministerio de Salud Pública).

Guillermo Wagner Cevallos,
ginecólogo, Guayaquil