Todas las civilizaciones han reconocido que el Estado puede y debe restringir la libertad de las personas cuando hacen daño a los demás. Algunas han justificado incluso que se arrebate un derecho aun más sustancial, el de la vida. Afortunadamente esta última es una idea en retroceso y la tendencia moderna es a que el único castigo permitido sea la privación de la libertad.

Pero a nadie, en ninguna civilización moderna, se le había ocurrido que el castigo a una falta pudiese ser el de privarnos del derecho a comunicarnos. Aun al asesino condenado a cadena perpetua se le permite que imprima y difunda cartas, libros o artículos de prensa. Acallar al ser humano es una barbaridad, propia solo de las dictaduras más tenebrosas.

Pues bien, eso es lo que están a punto de consagrar el día de hoy los asambleístas del partido oficial, al aprobar en primera instancia el proyecto de Ley Mordaza del Gobierno, que en su artículo 101 autoriza al Estado a que clausure un periódico e impida su reapertura.

Si más adelante el pleno de la Asamblea ratifica semejante desatino, el Socialismo del siglo XXI habrá creado un tribunal especial para sancionar a los ciudadanos arrebatándoles su derecho a escribir y publicar su pensamiento. ¿Se necesitarán más pruebas de que se impuso una dictadura?