Hay áreas en la organización del Estado en las cuales el centralismo, como sistema, puede funcionar –y a veces no solo que puede sino que debe funcionar pues de otra manera habría una desarticulación del país– como por ejemplo en lo militar, en la defensa y seguridad nacionales, en la política exterior y en la económica, en el manejo de la salud y especialmente en el control de catástrofes o epidemias, pero en todos los demás sectores es aconsejable la descentralización, como régimen creativo y eficaz.

Por eso no entiendo el afán del Gobierno de controlar a rajatabla, desde el Poder Central, temas tales como el de las universidades y el de los medios de comunicación, aunque en este último caso no es propiamente una centralización sino un estrangulamiento a la libre opinión y al pensamiento independiente.

En un artículo anterior decía que estaba de acuerdo con el Gobierno en su afán por mejorar la educación universitaria, lo cual de suyo es una acción plausible, pero lo que me parece exagerado en la nueva ley que está muy cerca de ser aprobada por una Asamblea que parece no escuchar los requerimientos ciudadanos, es querer manejar los organismos universitarios –y especialmente el Consejo que regirá la educación superior– desde la óptica gubernamental no siempre acorde con la tradicional libertad que ha tenido la universidad como centro de investigación y de producción del pensamiento, comprometida con la sociedad para albergar a todas las tendencias ideológicas con la más amplia apertura para el debate.

En este rubro de las universidades acaba de presentar un informe el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Conea), en el que se ha hecho una especie de clasificación de las universidades y escuelas politécnicas del país, constando agrupadas en la última categoría identificada con la letra E, nada menos que 26 de tales institutos que deben eliminarse o depurarse bajo un riguroso y controlado plan académico. No sé si esa evaluación está bien hecha, si están causando perjuicio a algunas que no merecen esa categorización, pero independientemente de ello, lo cierto es que nadie que sienta pasión por el aprendizaje y la capacitación puede admitir las veleidades y ligerezas con las que se ha conducido un sector tan importante para el desarrollo nacional como es el de las universidades.

Con la Ley de Comunicación que se discute en una de las comisiones parlamentarias ocurre algo similar a lo que sucede con la Ley de Educación Superior, pues parece una tomadura de pelo que los periódicos tengan que inscribirse cada año en un registro público para que se autorice su funcionamiento como lo hace, a escala municipal, una cantina o una discoteca, o que se exija la titulación universitaria para ejercer el periodismo –propósito que ha sido varias veces repudiado por organismos de justicia internacionales– o que se pretenda imponer sanciones a través de estamentos administrativos y no de los operadores ordinarios de justicia contrariando lo dispuesto en la Constitución.

No obstante las múltiples objeciones que provienen de distintas vertientes sociales relacionadas con la educación y con los medios de comunicación, luce que los proyectos apoyados por el Gobierno serán aprobados por la mayoría legislativa que ha venido actuando casi sin debatir, ejerciendo la ruborizante tarea de cumplir órdenes que vienen desde el Poder Central.

Habría que decir de esos legisladores lo que afirmaba Borges de los peronistas: “no son ni buenos ni malos sino incorregibles”.