El Senado argentino aprobó ayer una reforma que elimina los delitos de calumnias e injurias del Código Penal del país, como reclamaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La reforma fue aprobada por unanimidad de los senadores y solo falta que sea promulgada por el Gobierno de Cristina Fernández, que la había propuesto en septiembre pasado.

Una vez aprobada ya no existirá pena de cárcel para estos delitos pero continúa la acción civil en demanda de indemnizaciones por daños y perjuicios. “La finalidad y el eje central de esta reforma radica en adecuar la legislación a los parámetros internacionales y constitucionales de la libertad de expresión”, apuntó el senador oficialista Rubén Marín.

La reforma se da en el contexto de polémicas entre el Gobierno y la prensa por la nueva ley de Comunicación Audiovisual, que afecta los intereses de grupos multimedia.

La CIDH sentenció en favor del periodista Eduardo Kimel, condenado en 1995 a un año de prisión y  20 mil dólares de multa por mencionar a un juez en su libro “La masacre de San Patricio”, publicado en 1989 y que aborda el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas en la última dictadura militar argentina (1976-1983).