El Ministerio de Defensa analiza las acciones que adoptará contra autoridades de las seis empresas militares que impiden a la Contraloría del Estado investigar sus cuentas, dentro del examen de gestión que inició a las 28 compañías en donde el Estado tiene acciones.

La Contraloría, dentro del plan anual de control correspondiente al 2009, inició una auditoría de gestión a las empresas militares, cuya intervención, según ese organismo, no tiene antecedentes similares dentro de los 30 años de constitución de dichas empresas.

Según el ministro de Defensa, Javier Ponce, personalmente intervendrá en el caso de que los ejecutivos de algunas empresas se nieguen a recibir a la Contraloría, que tiene derecho de auditar recursos públicos.

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Según la Contraloría, 6 de las 28 empresas militares se han negado a entregar sus cuentas, por lo que no descarta aplicar el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que determina la destitución del funcionario responsable de facilitar la entrega de la información.

Según una nómina de ese organismo, las empresas que se resisten a permitir el ingreso de los auditores para realizar el trabajo son el Banco General Rumiñahui, Holdingdine Corporación Industrial y Comercial, Inamazonas S.A., Amazonashot S.A., Soccasa S.A., y Omnibus BB transporte S.A.

El contralor Carlos Pólit señaló que los exámenes especiales están en pleno proceso y terminarán a fin de año, pese a que se iniciaron en fechas diferentes. El objetivo de esas auditorías es evitar la caducidad de las acciones de control en torno a la utilización de dineros del Estado, en las Fuerzas Armadas.

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Según un funcionario de la Contraloría que pidió la reserva de su nombre, la negativa para la entrega de información de los ejecutivos de las seis empresas se dio pese a que el propio ministro de Defensa dispuso facilitar el trabajo de los técnicos del organismo de control.

Según el mismo funcionario, legalmente los militares están impedidos por la Ley de Seguridad Nacional a incursionar en actividades económicas que no pasen por el ámbito de la defensa estratégica.

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La investigación también busca determinar la presunta duplicación de sueldos de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, que también estarían laborando en las empresas militares, se indicó.

Paralelamente, la Contraloría inició acciones de control a las operaciones administrativas y financieras del Ministerio de Defensa, por el periodo de mayo del 2007 a mayo del 2009.

También se audita el contrato para la adquisición de equipos e insumos para la emisión de documentos y tarjetas de identificación militar, para implementar el plan piloto de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre enero del 2005 y diciembre del 2008.

Subsidiarias y filiales
La nómina incluye a empresas como Santa Bárbara, Fabril-Fame, Hdineagros; Acerías del Ecuador, Andec, Explocen Compañía Anónima, Dinmob, Aychapicho, Sepriv Cía. Ltda., y Omnibus-Transporte S.A.