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Después del asesinato de Pablo Aníbal Salazar Guerrero, el Rey de la Heroína, se desató una serie de ataques a sus deudos.

Siempre andaba con  custodios y, como marino retirado, le gustaba portar armas. Al menos esa es la visión que tiene uno de los hombres más cercanos a Pablo Aníbal Salazar Guerrero, a quien después de que abandonó las Fuerzas Armadas no le conocía un empleo, pero sí que tenía dinero. Se lo habían presentado “hace tiempo –no precisa cuánto– en  la coop. de Autoridad Portuaria”, al sur, lugar en donde el pasado 7 de octubre lo asesinaron.

Fue al pie de la casa donde vive su madre y  su primera conviviente, de las cuatro que había tenido. Eran las 20:00, cuenta el hombre, cuando una camioneta gris de placa GOP-601, con unos ocho individuos a bordo, le cerró el paso al  Hyundai Santa Fe de placa GRM-521 que conducía Salazar. Él intentó retroceder, pero no pudo escapar y le dispararon en varias ocasiones. Uno de los tiros –dice el informe forense– le destrozó ambos pulmones, le provocó una hemorragia interna y la  muerte instantánea. Con él iban su hijo mayor y la última de sus convivientes, quienes no sufrieron daño alguno, “solo el susto de los balazos”, narra un testigo, que  consideraba a  Pablito –como llamaban a Salazar– el  “Robin Hood” del barrio. Sus vecinos prefieren no comentar su vida, peor aún su muerte. Solo lo califican de “solidario” con los necesitados.

Después del crimen, entre el 16 y 21 de octubre, 4 domicilios que frecuentaba Salazar fueron dinamitados por una supuesta deuda de $ 165 mil, pues el occiso aparentemente debía a su círculo el valor en droga. Hoy, en la manzana 4 de la ciudadela Autoridad Portuaria (sur) aún son notorios los impactos de bala y la marca de una explosión, al igual que en  la mz 1, solar 38, de Bellavista (oeste) y en la mz k, villa 3, de Los Almendros (sur). En las calles 12 y Colombia un artefacto no llegó a explotar.

Aunque aún no se determinan nombres de los autores de estos sucesos, la Policía y la Fiscalía coinciden en que tanto la muerte de Salazar como las agresiones contra sus deudos son solo dos eslabones de una cadena de muertes y atentados que han venido escalando desde el año pasado y son muestra de la guerra del narcotráfico en Guayaquil.

Las estadísticas lo confirman. En un conteo realizado por este Diario se halló que de 161 crímenes registrados en la Policía Judicial del Guayas (PJ-G) entre julio y octubre pasados, 53 de los fallecidos eran personas que tenían  antecedentes delictivos.

¿Quiénes dieron la orden de matar a Salazar?, el jefe de la PJ, Edmundo Mera,  no da nombres, pero investigadores de la entidad aseguran que todo fue planificado por la banda de Walter y William Poveda Salazar (Caimán y Cubano), uno de los cuatro grupos de mafias que se disputan el poder en la Penitenciaría (las otras son Rusos, Quevedo y Choneros), donde  extorsionan y expenden drogas. Ellos habrían contratado a Teófilo Navarrete Urrea, (a) Paquisha,  muerto doce días después de Salazar  tras  haber estado preso seis veces: la última en agosto pasado, que fue detenido con una banda que habría secuestrado a una mujer. 

En la cárcel la droga cuesta la mitad de lo que en la calle. La marihuana, por ejemplo, afuera se vende en $ 1, allá, en $ 0,50. Ingresar con los alcaloides y las armas es más fácil que entrar comida, comentan los caporales, quienes  ofrecen su “ayuda” para esas tareas a cualquier visita.

Pero el poder de esas bandas no se limita a los linderos del recinto. Fiscales, jueces y policías coinciden en que ahí están los “cerebros del narcotráfico”, y que sus tentáculos se extienden por la ciudad e involucran a jóvenes, familias enteras y autoridades de diferentes ámbitos.

“Los doctores (como llaman a los expendedores) son como las panaderías, están en todo barrio y, aunque no tengan letrero, todos los conocen”, afirma Jaime, vendedor de 26 años que operaba en el centro de Guayaquil, pero hoy está tras las rejas. “Había días en que sacaba hasta 1.000 dólares”, cuenta, y recuerda que muchos de sus clientes se volvieron locos por la droga y que otros llegaron a matar y violar bajo sus efectos. Pero a él eso no le importaba. “Solo quería plata para mis lujos”, asevera el joven, quien este año fue detenido tras una denuncia al 1-800 DROGAS (376427), que recibe hasta 15 casos veraces por día.

Es así como, para la Policía y la Fiscalía de Antinarcóticos del Guayas, Salazar no era un desconocido, hay quienes lo califican como el Rey de la Heroína en Guayaquil, pues sabían que se había convertido en el eje de la más grande banda en la distribución de ese alcaloide, que no solo expendía en la ciudad y el país, sino que además lo “exportaba” a través de los maleteros.

Cuando escucha su nombre, el fiscal Jorge Solórzano dice que ellos lo tuvieron “cercado”, pero al final la Primera Sala de la Corte de Guayaquil le dictó el sobreseimiento y así lo liberó de un caso en el que “tenía vinculaciones bastante claras”, asevera.

Se refiere a la instrucción fiscal 010-2008, que derivó en el juicio 707-2008. En el caso, el fiscal Paúl Ponce involucró al ambateño Domingo Gutiérrez Gavilánez, (a) Chino, y a la estadounidense Katy Ann Taaffe como autores en un caso de tráfico de estupefacientes; además, a Carlos Moisés Molleturo Freire, que recibía la droga en Nueva York; a Pablo Salazar y al policía Alexis Escudero Jurado (dado de baja), de encubridores. Esto después de que la mujer fue apresada en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo al descubrírsele 5.294 g de heroína en una maleta.

En su declaración, Katy narra que su ex novio (Gutiérrez) la hizo venir al país aduciendo que estaba mal. Accedió al pedido y llegó a Guayaquil el 16 de enero del 2008. Acá pasó con él y departió con otras tres personas en el balneario de Salinas. Uno era Pablito, a quien luego ella identificó en fotografías que le mostró la Policía. Los otros dos eran Álex y Lourdes,  desconocidos.

Cuando regresaba a su país –doce días después–, Ann dice que su ex novio le pidió que llevara tres paquetes. Le había indicado que eran galletas para las hermanas de Salazar, que vivían en Estados Unidos. Dice que ella quiso guardar los supuestos dulces en su bolso de mano para evitar que se dañaran, pero Gutiérrez le insistió que no, entonces las puso en su maleta, donde el alcaloide fue encontrado por los  agentes de antinarcóticos.

Ese 28 de enero, con  guía de la norteamericana, la Policía llegó a una vivienda del norte, Sauces VI, sexta peatonal 3-A, donde detuvo a Gutiérrez. Este a su vez involucró a Salazar como el proveedor de droga y que bajo amenazas lo obligó a traer al país a su amiga estadounidense. Ese era parte del  modus operandi de la banda de Pablito: usar extranjeros y ecuatorianos con visas de residentes que no tengan problemas para  entrar a los Estados Unidos. Por ejemplo, el Chino también era estadounidense.

Pero los tentáculos del narcotráfico que ejercía Salazar también habían contaminado a miembros de la Policía, dice un fiscal, uno (Escudero) indica  que el hoy considerado capo era solo su “informante”, pero en enero del 2008, cuando por el caso Taaffe allanaron la casa del occiso en Bellavista, se hallaron documentos personales del uniformado, quien adujo en su versión que se le habían quedado en un taxi amigo que Salazar le  ayudó a contratar. Las investigaciones determinaron que el auto era de Gisella Suárez Galarza, otra conviviente de Pablito.

Pese a que el fiscal  imputó a todos los  involucrados en ese caso, en octubre del año pasado la Primera Sala de la Corte de Justicia de Guayaquil solo llamó a juicio a Gutiérrez y a la estadounidense, a quienes luego se los sentenció a 12 años. Mientras que para Escudero, Molleturo y Salazar emitió un  sobreseimiento provisional y renunció a considerarlos “encubridores”.

Pablito, como apodaban colaboradores al marino retirado, en cuya vivienda se hallaron diplomas que lo distinguían como tal, registraba dos detenciones: por tenencia ilegal de armas y asociación ilícita. Hoy, tras  investigaciones, la Policía lo involucra en otros delitos graves.

Uno de ellos tiene que ver con el asesinato de los hermanos Rodolfo Raymundo y Pablo Enrique Reyes Vera, cuyos cuerpos fueron hallados en  maletas, enterrados dos metros bajo tierra, en la vía Durán-Tambo, en enero del 2008. En ese entonces la PJ presentó al colombiano Jeneffer Payán Simisterra como supuesto autor confeso del doble crimen pedido, porque   eran informantes de la DEA (Agencia Antinarcóticos de los EE.UU.).

Agente de la DEA también era como –según dice el policía Escudero– se hacía pasar Salazar, por eso lo consideró un “informante preciso”, pues le acertaba. Pero un fiscal  indica que los traficantes de drogas acostumbran a “cargar (contaminar con droga)” hasta a más de diez personas y “dedean (venden a los policías)” a dos o tres para entretenerlos con eso y así lograr que otros sí logren su objetivo.



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