En mis casi 40 años de abogado y en mi gran curiosidad por saber de ciencias jurídicas y sociales, jamás había conocido que existiera un delito llamado “separatismo del orden público”, que es de lo que se acusa por parte de la Fiscalía a los dos jóvenes ecuatorianos, miembros de la Nueva Junta Cívica, a quienes el juez de Garantías les ordenó prisión.

Hasta donde estudié, y he leído, el separatismo implica propiciar la separación de un territorio con fines de independizarse, (lo que nadie que esté en sus cabales podría propiciar en nuestro Ecuador actual).

Pero decir que el Presidente de la República no nos es grato, al menos al 50% de los ecuatorianos de distintas regiones que no tenemos aspiraciones políticas, pero que tampoco somos políticamente ciegos, ni vamos a dejarnos patear, no implica “separatismo del orden público”. Afirmar eso es más bien un “disparatismo de orden mayúsculo”, que no nos preocuparía mayormente si fuera una simple cantinflada; pero que sí nos aterra por la siniestra consecuencia –abusiva, dictatorial, inconstitucional, violatoria de los derechos humanos– que ha tenido, al apresarse infamemente a dos personas.

¿Habrá acaso cárceles suficientes para los más de 6 millones de ecuatorianos que  pensamos lo mismo?

Jorge Wright Ycaza,
doctor en jurisprudencia, Guayaquil