El jueves, la Policía Nacional se limitó a mirar cómo unos supuestos comerciantes informales quemaban llantas en el centro de Guayaquil y desordenaban el tráfico (agravando la falta de semáforos). A renglón seguido amenazó a los policías metropolitanos que querían que se respeten las ordenanzas sobre ventas callejeras.
A los primeros se les permitió violar la ley; a los segundos, se les impidió defender normas vigentes.
Los delincuentes reinan en la ciudad, pero los policías, en lugar de perseguirlos, se ocupan de que el caos y la falta de higiene se extiendan.
La responsabilidad, por supuesto, no es en este caso de la Policía sino de las autoridades políticas de la provincia, que por lo visto no comprenden (o no les importa) el daño que le están provocando a la democracia ecuatoriana.
Pisotear leyes u ordenanzas no es cualquier cosa. El delincuente observa y aprende. “Si los de arriba actúan así, ¿por qué yo no?” pregunta, sin que nadie atine a responderle.