Miércoles 04 de noviembre del 2009 Comunidad

Más de 100 familias afectadas por invasiones en lotes de Durán

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DURÁN, Guayas. Según los propietarios de la lotización Ismael Pérez Castro las invasiones se iniciaron el 22 de septiembre.

No puede dejar su casa sola. Mientras ella trabaja desde las siete de la mañana en el centro de Guayaquil  vendiendo periódicos, loto y lotería, su hermana Marlene permanece en la vivienda de caña que comparten en la lotización Ismael Pérez Castro, en Durán.

Según Lucrecia Machado, dejar solo su terreno significa perderlo, pues desde el pasado 22 de septiembre empezaron a llegar al lugar personas que han ocupado más de 20 espacios en la lotización del Sindicato de Voceadores de Periódicos, Loterías y Anexos de la provincia del Guayas, agrupación a la que pertenece hace unos 25 años.

Jorge Arévalo, secretario general del sindicato, explica que el terreno de 165.000 m²  que pertenece a la entidad está formado por  410 lotes, en los que ya habitan más de cien familias. Los demás se mantienen como solares vacíos, en los que cada cierto tiempo se asientan nuevos invasores. Eso es lo que recuerda pasó a principios de  diciembre del 2008, en agosto de este año y se repite  ahora desde septiembre pasado.

“Somos gente que no tiene recursos como para estar construyendo ahorita, pero hemos ubicado cercas y  pilares. Es nuestra tierrita”, dice angustiado Arévalo, pues explica que pese a la denuncia de invasión presentada el pasado 26 de septiembre en la Intendencia de Policía aún no ven siquiera aumento en el patrullaje.

A una cuadra de la improvisada plaza donde se reúnen los voceadores para hablar sobre las medidas legales que han tomado, en una casa de caña se instaló la central de la precooperativa de vivienda Tránsito Amaguaña, que reúne a los autodenominados nuevos habitantes del sector.

Ruddy Gilser, un representante de esa agrupación, explica que la llegada de ese grupo no es reciente, como aseguran los voceadores, pues como muestra el cartel verde con el que se identifican fueron fundados en septiembre del 2007.

Además, Gilser afirma que las personas a las que representa constituyen un apoyo al sector, pues como los solares permanecían vacíos allí se cometían un sinnúmero de delitos. “Estos terrenos han estado abandonados mucho tiempo, hasta osamentas hemos encontrado aquí”, dice.

Víctor Cabrera, presidente de la comisión de terrenos de los voceadores,  recalca que estos espacios no  están abandonados, pero reconoce que la construcción de las casas ha sido demorada, por lo que a principios de octubre iniciaron trámites de financiamiento con el Ministerio de la Vivienda para tener  casas de cemento.

Ese dato no significa nada para los asociados a la precooperativa, quienes aseguran que estaban dispuestos a pagar por los terrenos, pero después de varias conversaciones con los dueños originales no llegaron a ningún acuerdo, pues exigen hasta $ 5 mil por solar.

Los representantes del sindicato niegan estos acercamientos y sostienen que no están dispuestos a vender, porque esas tierras representaron para ellos una inversión de 29 mil sucres (hace 25 años) que quieren dejar  a sus familias.

Mientras tanto, en la fachada de la central Tránsito Amaguaña se lee: “Esta cooperativa cuenta con el respaldo de las máximas autoridades provinciales”, leyenda que los hace sentir protegidos, pues Gilser asegura que después de tener más de un año viviendo en el sector, ya cuentan con un amparo posesorio otorgado por el juez trigésimo de la Civil de Durán, Gabriel Nivela.

El juez, sin embargo,  niega la validez de esa afirmación y explica que hace algo más de un mes recibió la demanda por un amparo posesorio, pero no ha dado ninguna respuesta sobre el tema. Incluso comenta que no ha recibido la notificación del Registro de la Propiedad, donde también debían inscribir el proceso.

El intendente Julio César Quiñónez explica que un desalojo solo sería viable luego de verificar que no haya un recurso de amparo, situación que debía confirmarse en el transcurso de esta semana.

Mientras tanto, Luis Alberto Gía, quien trabaja como voceador, cuenta que teme que cuando llegue a su casa a media tarde la encuentre desmantelada u ocupada por otras personas.

Su vivienda, relata, fue construida recientemente, pues ahora ya cuenta con el dinero para pagar los  $ 50 mensuales por dos años para tener las escrituras de su terreno.

Textuales: Inseguridad
Jorge Arévalo,
secretario del sindicato
“Nos tocan la puerta en las noches para ver si las casas están habitadas y nos amenazan”.

Gina Monserrate,
habitante de la lotización
“A veces tenemos que reunirnos entre nosotros para hacer rondas y asegurar que no nos invadan”.

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