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TEGUCIGALPA. Simpatizantes de Manuel Zelaya presionaban ayer a los líderes del Congreso que se reunieron para decidir cuándo convocar a sesión para decidir futuro del depuesto presidente.

Los líderes del Congreso de Honduras decidieron ayer pedir la opinión de la Corte Suprema sobre la posibilidad de restituir al derrocado presidente Manuel Zelaya, dilatando la convocatoria a una sesión clave para debatir el futuro del líder. La decisión desafía un acuerdo alcanzado la semana pasada entre negociadores de Zelaya y el gobierno de facto con la mediación de Washington, cuyo punto central es que el Congreso vote sobre la vuelta al poder del depuesto mandatario.

“Confirmado; se acordó enviar a la Corte, al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República”, dijo Antonio Rivera, subjefe de bancada del Partido Nacional. “Una vez que hayan los reportes de los tres órganos, nos reuniremos”, añadió.

La decisión de la Junta Directiva del Congreso no fue unánime. Tres de los 13 miembros votaron en contra de pedir la opinión de la Corte Suprema e intentaron fijar un plazo de 24 horas para que los órganos consultados den su informe y así pueda ser convocada la sesión para votar sobre el futuro del defenestrado mandatario.

“La mayoría votó por enviar a la Corte Suprema, pero tuvo votos en contra, de los que queremos que se vote la restitución inmediatamente”, dijo el diputado Marvin Ponce, del movimiento zelayista Unificación Democrática.

Los parlamentarios están en receso por la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre y muchos de ellos hacen proselitismo para ser reelegidos.

Zelaya dijo que si para el jueves no era reinstaurado, la comunidad internacional desconocería las elecciones, que ya estaban convocadas desde antes de su derrocamiento y que han sido la punta de lanza del gobierno de facto como la vía para cerrar la peor crisis política en América Central en décadas.

El acuerdo también dispone la conformación esta semana de un gobierno de unidad nacional, plazo que estaría en duda con la decisión de los líderes parlamentarios.

La Corte Suprema, cuya opinión no es vinculante para el Congreso según el pacto, dictaminó en el pasado que el golpe de Estado que derrocó a Zelaya a fines de junio fue legal, debido a que el Mandatario habría violado la Constitución al querer forzar su reelección.

La decisión de la Junta Directiva tomó mal parada a la comisión de verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó a Tegucigalpa poco antes de la votación con la esperanza de una rápida aplicación del acuerdo. Además, enfureció a cientos de simpatizantes de Zelaya que amenazaron con manifestar ante el Congreso para presionar por su restitución.

La comisión de la OEA es liderada por el ex presidente chileno Ricardo Lagos, quien más temprano, ayer, dijo que cree que el camino para salir de la crisis es “restablecer al presidente Zelaya por el escaso tiempo que le queda en la presidencia”.

En las afueras del Congreso, enfurecidos simpatizantes de Zelaya gritaban: “¡Mel, aguanta, que el pueblo se levanta!”. Muchos juraron mantener la vigilia hasta que vuelva al poder su líder, refugiado desde hace mes y medio en la Embajada de Brasil en la capital hondureña.