La Fiscalía recogerá hoy la declaración de varios de los implicados en el caso Invermun, una empresa dedicada al negocio de las salas de juego y que es investigada por el supuesto pago de sobornos a varios colaboradores del Gobierno.

Los convocados testificarán ante la Unidad de Indagaciones Previas, donde está previsto que acuda el fiscal general subrogante, Alfredo Alvear.

De acuerdo al cronograma, las diligencias se realizarán en el siguiente orden: 08:00, el ex jefe político del Guayas y actual asambleísta de PAIS, Juan Carlos Cassinelli; 09:30, el presidente ejecutivo de Invermun, Alexander Rosenberg; 11:00, el gerente de esa compañía, Víctor Lescano; y 15:00, el abogado Pedro Carrasco, quien habría entregado dos veces 9 mil dólares al Tribunal Constitucional y al Ministerio de Gobierno.

La denuncia la hizo pública el hermano mayor del Presidente, Fabricio Correa, cuando el pasado 12 de octubre compareció en la Comisión de Participación de la Asamblea. Allí presentó una declaración juramentada de Jaime Solórzano Ycaza, ex empleado de esa firma, en la que nombra a los funcionarios que –según Solórzano– recibieron coimas de la compañía para permitirle su operación.

Entre ellos constan el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, el actual intendente de Policía del Guayas, Julio César Quiñónez, y la hermana del Mandatario, Pierina Correa.

La semana pasada, el fiscal general Washington Pesántez afirmó que llamaría a rendir su versión a todos los señalados. Lo dijo después de tomarle la declaración a Solórzano, quien se ratificó en sus denuncias.

Sin embargo, los directivos de Invermun han rechazado estos cuestionamientos y más bien alegan que Solórzano “obra por resentimiento”, por haber sido removido de la compañía con visto bueno de la Dirección de Trabajo.

Rosenberg defendió que la firma opere a través de amparos constitucionales. “El acudir a la vía judicial es la única alternativa que ha tenido Invermun para poder ejercer su actividad”.