Desde una total ausencia de autonomía, hasta un franco abuso de la misma, la universidad ecuatoriana ha ido del uno al otro extremo, logrando en el pasado solo un periodo de equilibrio positivo y fructífero, que ojalá pudiera hoy en día retomar y consolidar.
Remitámonos a los avatares de su historia. Durante la época colonial las universidades fueron confesionales; su organización y administración dependían de las autoridades religiosas. En el proceso de la independencia, Simón Bolívar decretó que en Caracas, Bogotá y Quito funcionasen las llamadas universidades centrales (las de Quito y Caracas mantienen este nombre). La de Quito dependía del Poder Ejecutivo a través del Consejo Superior. Este designaba a la Junta Administrativa, la cual nombraba a autoridades y profesores de ternas enviadas por cada facultad universitaria.
Más tarde se creó el Consejo Superior de Educación Pública. Sin embargo, la educación en general seguía siendo confesional. Con el triunfo de la revolución liberal, en el gobierno de Alfaro, arranca la educación laica, en escuelas, colegios y universidades dependientes del Estado. La llamada Revolución Juliana del 5 de julio de 1925 proponía entre sus postulados fomentar y mejorar la educación en sus tres niveles, pero fue finalmente un decreto del gran presidente Isidro Ayora el que estableció la autonomía universitaria, con el propósito de superar las deficiencias tanto educativas como administrativas y económicas de la universidad. El decreto creaba el Consejo Universitario, presidido por el rector e integrado por los decanos. Dicho Consejo pasó a ser el único organismo con capacidad legal de nombrar a los profesores. Varias facultades fueron reorganizadas. Entraron nuevos y destacados profesores y las universidades iniciaron un periodo de renovación y progreso.
No obstante, con el correr de los años, cada universidad plegó a sí misma hasta constituirse en una entidad autónoma, suerte de república independiente, en que no se consideraba la conveniencia de planificar la educación superior tomando en cuenta las necesidades del país y las capacidades y recursos de cada una de ellas. Cierto que en épocas de dictadura, gracias a la autonomía, se otorgó asilo a estudiantes perseguidos por la Policía. Ello fue notorio en los gobiernos de Arroyo del Río, Velasco Ibarra y la Junta Militar de Gobierno.
Por desgracia, al amparo de la autonomía se han tomado en tiempos recientes decisiones extraordinariamente desacertadas. Así, bajo presión política de los estudiantes, el Consejo Universitario de la Central aprobó su libre ingreso. Facultades a las que entraban de 100 a 200 alumnos tuvieron que recibir a miles de ingresantes. No estaba previsto nada de lo que era indispensable: nuevos profesores, laboratorios, presupuesto y más. La enseñanza retrocedió a modelos del pasado, teóricos y librescos. La educación universitaria se desplomó. Consecuencia: han salido profesionales por miles, la mayoría mal preparados, que engrosan hoy en día las filas de desempleados.
Tras la secular experiencia sobre la autonomía, ojalá la ley en proyecto supere lo inconveniente y la universidad vuelva a responder con eficacia e inteligencia a los intereses del país.