El fantasma de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya ha vuelto a aparecer en Colombia, un país que lleva cinco décadas de conflicto interno armado, en el cual se ha  cometido una gran cantidad de atrocidades, muchas de las cuales han quedado en la impunidad.

Desde ayer, en teoría, la CPI podría investigar homicidios, toma de rehenes y reclutamiento de menores, tres de los delitos de los que más se acusa a guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y agentes del Estado en Colombia.

Ayer terminó un periodo de excepción de siete años que le impedía a ese tribunal ocuparse de los crímenes en Colombia, excepción otorgada para facilitar el desarrollo de procesos de paz con los grupos armados colombianos, como el que se realizó con miles de paramilitares de derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dijo Fernando Trebilcock, de la organización País Libre.

Trebilcock complementará una denuncia que presentó en el 2004 ante la Fiscalía de la CPI, por 26.000 secuestros y 2.200 homicidios cometidos por fuerzas irregulares.