El alto número de arrestos y el uso de agentes mal capacitados por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) menoscaba los derechos laborales de trabajadores, tanto inmigrantes como nativos, según un estudio difundido por la central sindical AFL-CIO.

Esta es una de las principales conclusiones del informe  La aplicación de las leyes migratorias y su interferencia con los derechos de los trabajadores, elaborado por la AFL-CIO, la organización de Derechos Estadounidenses en el Trabajo y el Proyecto Nacional de Leyes Laborales.

El estudio, que recoge numerosos casos en todo Estados Unidos y ofrece un extenso análisis sobre cómo se ha deteriorado la división en el cumplimiento de las leyes migratorias y laborales, destaca el desequilibrio que crea la acción del ICE entre obreros y empleadores, ya que apenas un 2,1% de los 6.287 arrestos efectuados en el 2008 corresponden a patronos o sus agentes.

“Nosotros invitamos al Departamento de Seguridad de los Estados Unidos (DHS) a actuar en una forma inteligente, a proteger incluso a los trabajadores con la elegibilidad de visas especiales como víctimas de abusos cuando estas se presenten, dijo  Ana Avendaño, coautora del estudio.

Según el estudio, ICE efectúa  operativos coercitivos a petición de los empleadores, realiza una  supervisión centrada en la inmigración durante conflictos laborales e interfiere con la justicia al  arrestar a obreros en la entrada de juzgados.

Tal fue el caso de Josué Díaz, un joven inmigrante indocumentado en Estados Unidos, que después de ser contratado en una esquina de New Orleans en septiembre del 2008 y con la promesa de buenos beneficios, fue conducido junto con 11 compañeros a Texas a laborar en condiciones infrahumanas.

Protección
El informe recomienda que las víctimas y los derechos de los trabajadores sean protegidos y por eso sus autores consideran  que las autoridades migratorias deben reevaluar el balance entre la aplicación de normas en los sitios de trabajo y los estándares laborales, “pues muchos empleadores evaden de cumplir las leyes con la amenaza de la deportación hacia sus empleados”.