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Patricio Pazmiño, presidente de la CC, afirma que la contratación de personal ayudó a la resolución de 5.000 causas represadas.

La Corte Constitucional (CC) justifica la  contratación de más de un centenar de empleados  durante este año, justificándose  en la cantidad de trabajo  represado y  debido a que este organismo tuvo que asumir a personal de otras instituciones.

Según  datos oficiales, hasta  junio del 2009 en la Corte Constitucional se registraron a  240 servidores. De ellos: 74 ingresaron al anterior Tribunal Constitucional, 40 funcionarios que pertenecían al Registro Oficial pasaron al rol de la Corte  y 126   ingresaron con la actual administración, bajo la modalidad de nombramientos, contratos y servicios profesionales.

Situación que según el jurista Ernesto López, no se justifica, tomando en cuenta que el trabajo de la Corte disminuyó ya que con la vigencia de la nueva Constitución desapareció la posibilidad de presentar recursos de amparo, que ahora se denominan acciones de protección, cuyo trámite está  a cargo de los jueces de primer nivel.

Pero para el presidente de la CC, Patricio Pazmiño, la contratación de personal, sobre todo bajo la modalidad de servicios profesionales, se justifica en el trámite y resolución que se dio a las 5.000 causas represadas y heredadas  del antes  Tribunal Constitucional (TC). Con ello, dijo, solo tienen 160 causas pendientes del  2008.

Pazmiño explicó que el trabajo realizado, de resolución de los casos del anterior  TC y de las 1.200 causas que ingresaron con la nueva normativa constitucional, solo ha sido posible por la la contratación de personal especializado, fundamentalmente abogados jóvenes, y de asesores, expertos en la aplicación de la nueva Carta Política. Los asesores son de libre remoción y sus contratos terminan el 31 diciembre próximo, pero con la posibilidad de renovación.

Por ello, el personal administrativo no se infló, aunque reconoció que  el  técnico sí aumentó.

Según los datos proporcionados por la autoridad, de los 144 funcionarios de Quito, la  mayoría  tiene contratos ocasionales. En las ocho oficinas regionales  existen 21 servidores, dos de ellos con nombramientos.

Estas oficinas  que dependen de la Secretaría General de la Corte  están encargadas de recibir las demandas.

Con ello, la ciudadanía ya no tiene que ir a la sede de Quito para presentar esos documentos, dijo Pazmiño, quien agregó que el manejo administrativo y de personal  fue auditado por la Contraloría, sin encontrar irregularidades.

Pese a que consideró que no es necesaria la contratación de personal, López duda de que los nuevos servidores hayan sido enrolados en forma legítima. La modalidad de servicios profesionales es una irregularidad que la Contraloría debería glosar porque los contratados hacen un trabajo con relación de dependencia.

Tras afirmar que las causas siguen represadas en la institución, López sostuvo que el aumento de personal en las nuevas delegaciones distritales no se justifican ya que esos entes no tienen labores específicas. “Tengo la impresión de que esas delegaciones están con gente que no hace nada, es decir, son pipones”.

Aunque Pazmiño dijo que es legal, López señaló que el mantenimiento de vocales suplentes o alterno es otra irregularidad que la Contraloría debe tomar en cuenta.

Robos
En los últimos meses el edificio de la Corte Constitucional sufrió dos robos de equipos de computación, material que fue adquirido por $ 13 mil y que estaba en la planta baja a la espera de ser distribuidos a las oficinas. El caso, según el presidente de la CC, Patricio Pazmiño, aún está bajo la investigación de la Fiscalía.

Acusaciones
Patricio Pazmiño  afirmó que  el jurista Ernesto López   no conoce la realidad jurídica de la Corte Constitucional y   por ello agrede a la CC.