• Fotos
• Video

Ampliar imagen

El ex dictador Reynaldo Bignone (i) y el ex general Santiago Riveros (d) asisten al Tribunal Federal en Argentina, durante el inicio del juicio que se les sigue a un grupo de ex militares acusados de delitos de lesa humanidad.

La justicia argentina comenzó este lunes el proceso contra el último dictador de Argentina, Reynaldo Bignone, y otros seis ex militares y un ex policía acusados de 56 casos de secuestros, torturas y asesinatos en Campo de Mayo.

Bignone está acusado de allanamientos ilegales, privaciones de la libertad y torturas cometidas entre 1976 y 1978 en distintas instalaciones de Campo de Mayo, la mayor guarnicición del ejército.

El ex presidente militar, de 81 años, y quien cumple prisión preventiva domiciliaria, dio la orden en 1983 de destruir la documentación sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en la última dictadura militar (1976-1983), según los informes oficiales.

Dentro del recinto donde se desarrolla el proceso judicial se encuentran familiares de los desaparecidos que portan letreros y fotos de sus seres queridos.

Una de las querellantes, Taty Almeida, dijo a la AP que el proceso judicial es un  logro y un momento histórico.

Lo mínimo que quisiéramos es cadena perpetua, es lo que corresponde por estos crimenes aberrantes, dijo Almeida, quien afirma que perdió a su hijo Alejandro, de 20 años, en manos de los militares e integra la agrupación Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora.  Jamás perdonaremos y nunca nos reconciliaremos hasta que veamos al último enjuiciado.

La sentencia del juicio se dará a conocer en febrero próximo, estima el abogado Pablo Llonto, quien representa a algunos de los familiares de desaparecidos.

El proceso contra los acusados se abrió en 2003 y ha tardado seis años en llegar a juicio oral, debido a distintas leyes e indultos que exculparon a los militares y que finalmente fueron anulados.

Bignone, quien fue presidente de facto entre 1982 y 1983, año en que traspasó el poder al mandatario elegido democráticamente Raúl Alfonsín, firmó la ley de amnistía para los implicados en desapariciones y homicidios, que después fue anulada por el Parlamento.

Junto a Bignone está acusado Santiago Omar Riveros, quien purga una condena a prisión perpetua por otros casos de violaciones a los derechos humanos, y otros ex-generales, todos octogenarios: Eugenio Guañabens Perelló, Jorge García, Eduardo Alfredo Espósito y Fernando Exequiel Verplaetsen, quien fue jefe de inteligencia de Campo de Mayo.

Otros imputados sentados en el banquillo son el ex-coronel Carlos Alberto Tepedino y el ex comisario policial Germán Montenegro.

Según cifras oficiales, unas 13.000 personas desaparecieron durante la dictadura, cifra que los organismos de derechos humanos ubican en 30.000.