- OCT. 30, 2009 - Foto - Política - EL UNIVERSO
Esta es una de las pancartas que se colocaron en varias calles de la ciudad con leyendas de rechazo al presidente Rafael Correa.
Grafiteros presos en 2008
Giancarlo Zunino y Félix Pilco, presidente y vicepresidente de la Nueva Junta Cívica de Guayaquil fueron trasladados ayer al Centro de Detención Provisional (CDP) después de que Ángel Rubio, juez primero de Garantías Penales, ordenara la prisión preventiva por 30 días.
La medida cautelar se dictó tras el pedido del fiscal Mauricio Suárez, quien en la audiencia inició una investigación en contra de los dos detenidos por “incitación al separatismo político social”, tras la colocación de unas veinte pancartas la madrugada del miércoles con la leyenda: “Guayaquil declara persona no grata al presidente Rafael Correa Delgado”, en varias avenidas de la ciudad.
Durante la audiencia Suárez señaló que los implicados no presentaron documentos que los identifique como miembros de la Nueva Junta Cívica de Guayaquil. Por ello, justificó la detención y citó el artículo 128 del Código Penal.
Este artículo señala que: “El que públicamente... incitare o fomentare por cualquier medio el separatismo, o el que ofendiere las instituciones públicas o a la Fuerza Pública... contra la Bandera, el Escudo o el Himno a la Patria, será reprimido con prisión de seis meses a tres años”.
Juan Carlos Sánchez, integrante de la Nueva Junta, defendió la acción de los detenidos y aseveró que estos no quebrantaron la ley por lo que hoy, con un plantón en los exteriores del CDP, pedirán la liberación de Zunino y Pilco.
El fiscal general Washington Pesántez dijo que si el fiscal del Guayas consideró las pancartas como un delito de acción pública, “lo ha hecho en estricto apego a derecho”.
Pesántez indicó que el mencionado delito está vigente y consta entre las normas del Código Penal; por lo tanto, es aplicable pese a que no haya sido utilizada permanentemente.
Además, agregó, que todos los ciudadanos merecemos respeto a nuestra honra y buen nombre, mucho más el primer ciudadano del país. “Más allá de nuestros derechos está el derecho de los demás”, dijo.
El jurista José de la Gasca opinó que la supuesta conducta de los integrantes de la nueva Junta Cívica no se adecúa a la sanción del artículo 128 de la norma. “Se está usando el derecho penal como herramienta de persecución política; esto ocurre solo con los gobiernos totalitarios”, aseguró.
Agregó que las agencias penales (Policía, Fiscalía y jueces) están siendo utilizadas por el régimen lo cual deslegitima el sistema. “Se supone que estamos en un Estado de Derecho cuya regla central es el respeto a las garantías; eso no está ocurriendo”, expresó.
Dicho artículo, agregó, se refiere a supuestos hechos distintos a los realizados con la simple elaboración de un cartel que no incita el separatismo; tampoco se ha ofendido a las instituciones públicas, pues ni el Presidente es una institución o miembro de la fuerza pública, tampoco se ha emitido comentario injurioso o peyorativo que lo denigre”.
Rechazos: Otras manifestacione
Grafiteros presos en 2008
En agosto del 2008, cuatro jóvenes quiteños estuvieron siete días detenidos en la Policía Metropolitana de Guayaquil por pintar grafitis en la fachada de la iglesia La Merced, del Municipio y otros edificios que decían: “Arregui, nuestra fe no es pelucona”, “Dejad que los pelucones vengan a mí. F. Arregui”.
Supuestas agresiones
Por presunta agresión al Mandatario han estado detenidos: Mauricio Ordóñez (2007), Félix Salvatierra y Javier Hidalgo (2008). Una mujer estuvo cerca de ser apresada por gritar “Correa mentiroso”. Verónica Acosta (prima de Alberto Acosta) le dijo que se ponga a trabajar, tampoco fue detenida.
Monigotes
El grupo autodenominado Jóvenes Unidos por Guayaquil se atribuyó la colocación de monigotes con carteles que decían “Vota No” y “Ahorcados por los precios”, en rechazo a la nueva Constitución. Fueron guindados en septiembre del 2008, en pasos peatonales y a desnivel (foto de arriba).
Textuales: Posiciones
Washington Pesántez
FISCAL GENERAL
“Los insultos e injurias contra el presidente de la República, Rafael Correa, son un delito de acción pública”.
José de la Gasca
JURISTA
“Es una muestra de un sistema totalitario que utiliza la justicia y agencias penales como mecanismo de opresión política”.