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El contralor Carlos Pólit dijo que los exámenes a tres contratos de empresas vinculadas a Fabricio Correa están por concluirse.

El contralor general del Estado, Carlos Pólit, señala que esa dependencia auditará las declaraciones de bienes de los funcionarios implicados en la denuncia de sobornos de la empresa de casinos Invermun. Tal investigación se ampliará a familiares y amigos para hallar testaferrismo.  

¿Qué hará para investigar la denuncia de supuestas coimas a funcionarios?
Dispuse una auditoría de las declaraciones de bienes juramentadas de todos los funcionarios públicos que están inmersos en esta denuncia; estamos solicitando, primero, una declaración actualizada a la fecha para hacer los comparativos con las iniciales... Es la única área en la que podemos actuar, porque Invermun es una empresa privada.

Pero los bienes podrían estar a nombre de testaferros... 
En el momento que se inicia un examen especial, la Ley nos faculta a ir a los parientes más cercanos e inclusive a cualquier persona que haya tenido vínculo con el auditado, y solicitarles también a ellos una declaración: podemos ir a los cónyuges, padres, hermanos, hijos menores de edad y otros más, si es que hay indicios... Se está hablando de entrega de dinero, primero hay que constatar si fue verdad y, segundo, dónde fue a parar.

¿Cómo van a realizar esas auditorías? 
Vamos a revisar en todos los bancos del país los depósitos y retiros de estos funcionarios; en los registros de la propiedad, la compra y venta de bienes inmuebles; vehículos en la dirección de tránsito; el SRI nos dará las declaraciones de impuesto a la renta, también analizamos todas sus tarjetas de crédito, todas sus movilizaciones... Es una investigación profunda.

¿Cuánto tiempo demorarán esos exámenes? 
Tenemos el plazo de 45 días; todo depende de que la Superintendencia de Bancos y esas otras dependencias nos entreguen la información lo más rápido posible.

¿En esa investigación se determinará también si los hermanos Alvarado han incrementado su patrimonio doce veces, como lo ha denunciado el hermano del Presidente? 
Exactamente. Si se determina que estos funcionarios han tenido un incremento patrimonial no justificado, se pasará a la siguiente etapa: la Fiscalía.

A más de la de Invermun, Fabricio ha hecho otras denuncias: que se entregaron a dedo los contratos del Plan Relámpago; que hay empresas con padrinos poderosos, como el ex ministro Derlis Palacios; el supuesto tráfico de influencias de Alexis Mera. ¿Qué hará en esos casos? 
Ya estamos actuando. Estamos haciendo un examen especial a todo el Plan Relámpago desde hace seis meses y ya está próximo a terminar. Son más de $ 1.000 millones en contratos de obras.

¿Empezaron ese examen antes de que Fabricio hiciera las denuncias? ¿Ya tenían sospechas de irregularidades? 
Es que la Contraloría examina ahora, periódicamente, todo lo que el Ejecutivo y otras dependencias contratan. Se inician los exámenes dentro del mismo año... En muchos de esos contratos ya estamos haciendo la lectura del borrador de los informes. Hay muchas observaciones, pero se conocerán tras analizar las pruebas de descargo.

¿Y en los otros temas? 
Estoy esperando a Fabricio Correa que  solicitó una cita para entregar denuncias, no tengo aún la información...

La Contraloría tenía pendientes exámenes a los contratos de las empresas supuestamente vinculadas a Fabricio, ¿ya los terminó? 
Ya se hizo la semana pasada la lectura del borrador del informe del proyecto Baba. Ahora estamos revisando las pruebas de descargos de los funcionarios. Están pendientes otro de Petroecuador y de una carretera. Los informes saldrán en unos diez días.

En sus primeros informes, la Contraloría señala que Fabricio no tiene relación con las empresas Cosurca, Megamaq y otras, pero la Procuraduría sí estableció conexiones, ¿por qué esa diferencia? 
La Procuraduría es una entidad autónoma; el Procurador puede determinar lo que considere conveniente. Nosotros revelamos los hallazgos con documentos... En la auditoría examinamos los documentos de la Superintendencia de Compañías, de Panamá, de Petroecuador y él no aparece. Si no tenemos pruebas, no podemos decir nada...

¿En esas auditorías ustedes determinaron indicios de responsabilidad penal contra los funcionarios que suscribieron los contratos? 
Dos. Se acaban de abrir indagaciones en la Fiscalía. Le recuerdo que eso tiene el carácter de reservado, yo no puedo adelantar nada.

¿Por qué no? 
La Ley me lo prohíbe. Ojalá la Asamblea reforme el Código de Procedimiento Penal en el artículo 215, que dice que las indagaciones son reservadas.

¿Usted cree que esa información debe ser pública? 
Sí, estoy viendo la forma de reformar esto. Hemos conversado con el Fiscal (Washington Pesántez) para ver si conseguimos que se levante esa prohibición... La Contraloría se queda sin la fuerza legal y jurídica para ser más reveladores ante la opinión pública.

El viernes usted le exigió al Fiscal que meta preso a los que se están robando la plata del país. ¿Acaso ve que no está cumpliendo con su labor? 
En la Fiscalía hay miles de casos. En mi administración ya llevamos más de 600 denunciados. Mi llamado al compañero funcionario se refiere a este caso de Telecsa y Via Advisors (de supuesto peculado). Que se actúe y se solicite las prisiones a los responsables señalados en nuestro informe. Ya tenemos un año en esta investigación. Lo que le he pedido es que se apersone, porque este caso no lo conoce él directamente.