Aunque representantes de las nacionalidades indígenas coinciden con las  declaraciones del presidente  Rafael Correa, respecto de que el recurso del subsuelo le pertenece al Estado, no permitirán una explotación irracional  precisamente porque son los custodios del territorio que alberga minerales.

“A Atahualpa (líder indígena ancestral) lo mataron por ambición al oro y luego de 500 años siguen el saqueo y el intento de amedrentamiento, dejando entrever que nosotros no sabemos, el Gobierno sí”, dijo Humberto Cholango, de la Ecuarunari, al referirse a las declaraciones de Correa el sábado pasado en su enlace radial.

Allí, el  Mandatario expresó que  la minería le pertenece al Estado y no a los indígenas, que solo son dueños del territorio.

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Cholango no refutó las declaraciones del Presidente, pero cuestionó el futuro de esa actividad. ¿Qué pasará cuando termine la minería?, dijo. Y su respuesta rememoró los resultados de la actual explotación petrolera y minera artesanal: pobreza de las ciudades en donde se explota el recurso y contamina el  ambiente.

Alegó además que no permitirá la explotación minera en la Amazonía porque es una región verde. La situación geográfica es diferente y no por extraer el mineral dejaremos de entregar oxígeno, alimento, albergue, comentó Diana Atamaít, asambleísta de la nacionalidad Shuar por el movimiento  Pachakutik. “Más allá del territorio, la participación de las nacionalidades frente a la naturaleza es cuidar sus derechos”, agregó Atamaít.

Ninguno de los dos está a favor de la minería a gran escala, aunque Atamaít no cerró la posibilidad, al manifestar que estará vigilante del tipo de tecnología que traigan al país.

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Tanto Cholango como Atamaít exigirán la consulta previa que les garantiza la Constitución, tema que lo discutirán en las mesas de diálogo con el Gobierno.

La opción de extraer minerales por parte del Estado surgió con la necesidad de explotar los recursos, tras identificar ocho proyectos que los desarrollará la  Empresa Nacional Minera. Las canteras y yacimientos que estarán bajo su responsabilidad están repartidos en 7 de las 24 provincias del país: Azuay, El Oro, Napo, Zamora, Cotopaxi, Esmeraldas y Sucumbíos.

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Los proyectos son: Chauca, en Azuay (cobre); Portovelo, en El Oro (oro); Amazonas, en Napo (cemento); Isimanchi (cemento o caliza), Unacota, en Cotopaxi (cemento o caliza). La Tola, en Esmeraldas (arena  o hierro); Reventador, en Sucumbíos (abono); y Toa, en Zamora (arena silicia o vidrio).

Proyectos
Los ocho proyectos, que contienen mineral metálico y no metálico, requerirán una inversión de al menos $ 1.900 millones para empezar. De esa cantidad $ 1.200 millones se destinarán a explotar los  minerales metálicos y $ 700 millones los no metálicos.

Socio
El dinero no lo pondrá el Estado sino un socio estratégico con quien  suscribirán alianzas estratégicas. Chaucha lo desarrollará Chile, y La Tola y Reventador, Venezuela.