Ley de Educación endurece requisitos para ser maestro

Nuevas reglas para ser docente se introducen en el proyecto de Ley de Educación Básica que fue enviado por el Gobierno nacional, el martes pasado, a la Asamblea Nacional.

El nuevo profesional de la Educación deberá tener diploma, especialización o maestría para ascender de categoría y ser evaluado permanentemente, según la propuesta gubernamental.

Con la reforma, además, el Ministerio de Educación se transformará para dar paso a una nueva estructura educativa que abarcará todo el territorio. El órgano rector será la autoridad educativa nacional. No se determina la figura de un ministro.

Este sistema se integra por cuatro niveles de gestión: uno de carácter central y tres de gestión desconcentrada, que serán regional, distrital y circuitos educativos. Estos se crearán en un año luego de la publicación de la ley en el Registro Oficial.

El nivel central define las políticas, asigna recursos, regula y controla el sistema educativo. El siguiente nivel definirá la planificación y regulación regional. El nivel distrital se asegurará la ejecución de la cobertura educativa para alcanzar la universalización de la educación inicial, básica y bachillerato, la gestión de proyectos y los trámites la atención a la ciudadanía.

El circuito educativo  propone la creación de una red de servicios que agrupe a los establecimientos educativos.

También se plantea un gobierno escolar ciudadano en el que padres, docentes y directivos, estudiantes y representantes de la comunidad podrán realizar la veeduría ciudadana de la gestión administrativa, y será el espacio en donde se realizará la rendición de cuentas y la resolución de conflictos.

Teresa Bolaños, de Vanguardia del Magisterio, muestra su desacuerdo con territorializar a la educación en distritos y municipios, porque atenta al funcionamiento de las escuelas y colegios que los transfieren a municipios y consejos provinciales. “La rectoría es privativa del Estado central, no de distritos”, dijo.

El proyecto de ley reduce la participación del maestro a una instancia de consulta en el Consejo Nacional de Educación.

Este nuevo ente estará integrado por un delegado de la instancia de regulación y control de la educación superior, un delegado del organismo de planificación nacional, de la Comisión Consultiva del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y delegados del magisterio nacional (educación pública, particular laica y particular religiosa). La autoridad nacional presidirá este Consejo.

Para Bolaños, el Ministerio de Educación pretende que solo tengan opinión, pero no poder de decisión. Este gremio, al igual que la Unión Nacional de Educadores, en su propio proyecto de ley plantea que en ese Consejo participen los maestros con poder de decisión.

En el proyecto se crea además el Instituto Nacional de Evaluación del Sistema Educativo. Esta será una entidad autónoma con independencia técnica y administrativa cuyo funcionamiento será normado a través de su propio reglamento. Estará a cargo de la evaluación a docentes y estudiantes y se creará en 90 días.
 
Propuesta de Ley de Educación
Se crearán Juntas Distritales y regionales de Resolución de Conflictos que reemplazan a los comités de defensa profesional. Serán instancias en donde, por ejemplo, se conocerán de oficio o por denuncia las faltas de los docentes y directivos educativos.

Además, las Juntas tendrán la atribución de destituir previo informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa a los profesionales que en dos procesos consecutivos de evaluación obtengan calificación de insatisfactorio.

Los títulos que se reconocerán para ingresar a la carrera educativa pública será  bachiller solo en caso de no existir profesionales que opten por la vacante, estudios de pedagogía, psicólogos educativos o infantiles, tecnólogos en educación especial.

La autoridad educativa nacional creará y organizará un registro de candidatos elegibles para llenar la vacantes. Los aspirantes deberán aprobar las pruebas que se apliquen en un concurso de méritos y oposición.

Para calificar los méritos de los candidatos elegibles se tendrá en cuenta los títulos reconocidos para ejercer la docencia, la experiencia docente, las investigaciones y publicaciones y los cursos de profesionalización.

Los mejores puntuados serán convocados a una clase demostrativa y entrevista en el establecimiento educativo en el cual concursa.

Se exonera del pago del impuesto predial y de las tasas de servicios básicos a los planteles educativos públicos.