Piscinas irregulares marcan al camarón de la isla Puná

Un letrero colocado en un palo advierte: “Prohibida la entrada a persona no autorizada”. Está en la esquina de una piscina camaronera ubicada a 50 metros de la cabecera parroquial de Puná. El propietario es Benito Santos, un puneño que tiene 85 hectáreas y que, asegura, da trabajo a quince habitantes de la zona. Hace menos de una década compró los derechos de unos terrenos de comuneros y estableció las piscinas. Produce entre 800 y mil libras de camarón al mes, que lo vende para consumo nacional a un precio de $ 0,90 por libra.

Santos dice que es un productor pequeño, comparado con otros que poseen la mayor parte de las 14.992 hectáreas de camaroneras de toda la isla, ubicada en el Golfo de Guayaquil. “No tengo cómo exportar; no tengo una planta procesadora, ni fábrica de hielo, ni contactos en el exterior”, afirma. Es martes 8 de septiembre y señala estar conforme con el anuncio del presidente Rafael Correa, de que cuatro camaroneras ilegales de Puná pasarán a manos de los pobladores locales mediante un decreto. “Está bien que les exija a los de afuera, a los grandes; ellos ni siquiera ocupan gente de la zona. Acá hay una asociación y estamos listos  si se cumple el ofrecimiento”, afirma esperanzado Benito Santos. Ni se imagina en ese instante que, dos días después, su nombre iba a figurar en un informe de la Subsecretaría de Acuacultura sobre los propietarios ilegales.

Con datos de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos de la Armada, el documento determina que una parte de la camaronera de Santos irá a estudio para retiro de la concesión, por haberse establecido después de 1999, cuando se dictó un decreto que prohibía más camaroneras en el país. Las instalaciones ilegales ocupan 29 hectáreas y 3 de ellas pertenecen a puneños. Son William Sanmartín, de Puná Nuevo; Gladys Castro y Marcelo Poma, del sector Río Hondo y una de Puná Vieja cuyo nombre no se especifica.

En su enlace de hace una semana, Correa se refirió a un estudio técnico de la situación financiera y legal de las camaroneras de esa isla. Criticó a varias compañías que –dijo– son fantasmas por estar constituidas en paraísos fiscales y que, a pesar de tener alta rentabilidad, tributan cantidades irrisorias. Y citó casos de personas de apellidos “rimbombantes, como los Vanoni, Solá, Bohrer, Quiroga”.

Pero el golpe cae primero a los pequeños productores. Aquel informe, además de establecer las ilegales que irían por decreto a manos de los puneños, también detalla que la isla, de 920 mil hectáreas, tiene 14.992 de ellas dedicadas a esa actividad, que comprenden 277 camaroneras. Del total, 4.388 no están regularizadas, pero tienen oportunidad de legalizarse gracias al Decreto 1391, del 15 de octubre del 2008. Este señala que de 175.748 hectáreas dedicadas a esa actividad en todo el Ecuador, 101.500 ha se asientan en zonas de playa y bahía (manglares y salitrales), pero 44.642 no cuentan con concesiones. Da oportunidad a quienes hayan ocupado sin autorización esas áreas y que las venían explotando antes de 1999, para que entren en  un proceso de regulación hasta el 31 de marzo del 2010.

En el norte y en el sur de Puná, especialmente, las camaroneras forman paisajes de retazos de espejos de agua. Cada una de estas tiene una estela de reclamos por determinadas ilegalidades. Al noroeste de la isla está Chojón, comunidad ribereña de una decena de casas aprisionadas por la camaronera de Servitrón S.A., cuyo gerente es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga Acosta. Son trece piscinas en un espacio de cien hectáreas, donde laboran seis personas de Chojón y dos foráneos.

Cristóbal Consuegra trabaja trece años en esos predios. Gana actualmente $ 300 al mes y, recalca, nada más. Asegura que no percibe décimos, utilidades, valores por sobretiempo ni es afiliado al IESS, tampoco ha gozado de vacaciones. Hace dos meses lo visitaron en el sitio una inspectora del trabajo y funcionarios de salud y de rentas, quienes realizaban el estudio de las camaroneras de la isla. A ellos les contó su realidad y le ofrecieron hacer cumplir las leyes.

Igual que Consuegra, en Servitrón laboran y no reciben los beneficios de ley Fernando Acensio (nueve años de trabajo),  Ronald Consuegra (ocho), Jefferson Consuegra (ocho), Juan Santos (trece) y Teodoro Acensio (trece). Según el registro del Instituto Nacional de Pesca (INP), actualizado al 2 de marzo del 2009, Servitrón está aprobada como camaronera con el código GR-615. Ahí constan dos números telefónicos, que pertenecen a la Ecuatoriana de Fútbol. Chiriboga afirma que los obreros siempre se han opuesto a que se los afilie, para evitar el descuento de su salario. “En este momento estoy haciendo los trámites para asegurarlos, aunque sea obligados. Aunque sea pagaré yo la cantidad que les corresponde aportar a ellos”, asegura.

La falta de afiliación al seguro social es uno de los problemas más evidentes en las camaroneras asentadas en Puná. Delegados de la Subsecretaría del Trabajo visitaron semanas atrás 116 de estas y registraron a  1.359 obreros. De ese total, el 32,8% no está afiliado ni goza de ningún beneficio como décimos, vacaciones y pago del porcentaje de utilidades. “Me llamaron para que vaya a firmar, pero primero deben reconocerme mis años de trabajo”, menciona Consuegra, el trabajador de Luis Chiriboga.

En la camaronera Quirola, que tiene cerca de 10 mil hectáreas al sur de la isla y emplea a unas 250 personas, el personal antiguo se enfrenta a ese problema. Algunos, como el jefe de una unidad que trabaja desde hace 24 años, afirma que en su grupo, de 60 personas, doce con más de quince años de labor no reciben ningún beneficio. Pero él aclara que cuando llegaron los inspectores de trabajo no reportaron esa realidad “para evitar alguna represalia”. Las autoridades laborales han dado 60 días de plazo a los camaroneros para que afilien a su personal.

Asimismo, de los 1.359 obreros entrevistados por la comisión verificadora, ninguno posee certificado de salud ocupacional, requisito básico en las relaciones laborales. La Dirección de Salud dio 30 días de plazo.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) investiga la tributación. Con base en ese diagnóstico, el presidente Correa citó el caso de la empresa Omarsa, de propiedad de la familia Vanoni. Esta registra utilidades por $ 72 millones, pero por Impuesto a la Renta pagó $ 120 mil. Omarsa posee dos  predios en el norte de la isla. Una de sus propiedades, en el sector El Carmelo, tiene vigilancia armada frente a la playa. En el mar, a 100 metros de la playa, hay un tronco pintado de blanco. “Desde ahí es prohibido el ingreso de extraños”, indica uno de los guardias. El capitán de un bote se queja porque no tiene libertad de operar por esa zona, mientras un dirigente comunitario de la cabecera parroquial reclama porque la empresa no colabora ni para arreglar el camino veranero que une a Puná con Campo Alegre.

Una de las secretarias de Omarsa dice que los directivos  de la empresa le indicaron que prefieren no contestar los cuestionamientos. Dejan que lo haga la Cámara de Acuacultura.

Omarsa, Deli, Vancosta, Quirola y decenas de productoras camaroneras de Puná no dan empleo a los lugareños y eso es también motivo de reclamos. En el grupo Quirola, por ejemplo, solo laboran cuatro habitantes de Puná Vieja, como contratistas. El productor puneño Benito Santos, quien emplea solo personal de la localidad, considera que la culpa es de los mismos pobladores. “No les gusta someterse a las reglas laborales ni a horarios”, dice. En su mayoría, los puneños se dedican a la pesca. Prefieren salir una semana a faenar y obtener los $ 218 de salario básico que ganan en un mes, pero tienen tres semanas libres, agrega un dirigente de la junta parroquial.

Puná Vieja está rodeada por cientos de hectáreas de camaroneras. Incluso el cementerio está circundado por esas instalaciones y a la hora de sepultar a un muerto, el cortejo avanza por uno de los muros divisorios. Eso sucede el miércoles 9 de septiembre en el sepelio de Francisca Cruz Díaz.

Al ver que las piscinas cercaban al pueblo, un grupo de comuneros reclamó. Para frenar ese avance cambiaron tierras comunales por cinco piscinas en producción, que se propusieron manejar entre 37 socios, pese a que el poblado tiene 400 habitantes. No pudieron. Decidieron alquilarlas al machaleño Pedro Viriña, por $ 30 mil anuales. La mitad va a descuento por tres años, porque el hombre les adelantó $ 45 mil para hacer unos arreglos en las instalaciones.

“No teníamos recursos económicos ni sabíamos cómo producir, por eso mejor arrendamos”, refiere Humberto Alvarado Cruz, presidente de la comuna. Luis Cárdenas, residente en la zona, dice que la propuesta de controlar a los camaroneros es buena, pero primero debe haber capacitación y créditos.

1999
El gobierno de entonces emite un decreto que prohíbe el asentamiento de camaroneras. Aparece la mancha blanca.

2008
Rafael Correa decreta la legalización de las camaroneras sin permiso, instaladas antes de 1999. El plazo: 31 de marzo del   2010.