Orlando Alcívar Santos

La nueva Ley de Comunicación

El 14 de octubre deberá estar aprobada la Ley de Comunicación conforme lo determina la Constitución, pero a todas luces el plazo se viene muy corto para discutir públicamente y en todos los escenarios, una norma tan importante como esa de la cual dependerá que los ecuatorianos podamos expresarnos con absoluta libertad, sin interferencias tenebrosas y oscuras de dictaduras o tiranías, de hecho y de derecho, porque aunque sea un contrasentido jurídico, en Ecuador han existido autocracias legalizadas por tribunales  ad-hoc.

No comento específicamente ningún proyecto porque al momento solo dos han sido presentados, uno por el asambleísta César Montúfar, de Concertación Democrática, y otro por el Foro Ecuatoriano de la Comunicación, y se anuncia que hoy serán conocidas otras dos propuestas, provenientes de Alianza PAIS  y de Pachakutik, para su tratamiento conjunto en una Comisión Legislativa Ocasional o Especial (pues las comisiones permanentes u ordinarias tienen un arduo trabajo con las otras leyes que deberán ser aprobadas contra reloj), por lo que sugiero que –ante la escasez de tiempo para discutir con amplitud el tema– la Comisión Legislativa respectiva pida la asesoría u opinión de los gremios, de  las empresas involucradas, de los ciudadanos en general y de los periodistas en particular, para que el informe recoja el sentir de todos los segmentos sociales y no una visión sesgada y parcial del asunto. Es más, ofrezco gratuitamente mi contribución cívica, pues nadie debe quedarse sin opinar, con mayor razón si puede hacerlo.

La ley deberá contener, obligatoriamente si se respeta la Constitución y los tratados internacionales, entre otras cosas, el irrestricto acceso libre a la información, la imposibilidad de que exista censura previa (que puede tener muchos matices, como por ejemplo la aprobación previa de propuestas de programación en los casos de la televisión y de la radio), la no intervención del Estado directa ni indirecta en los contenidos, junto, por supuesto, con el respeto a la seguridad jurídica –tan venida a menos en los últimos tiempos– y a los derechos adquiridos.

Insisto en que es fundamental que exista un análisis serio sobre el papel de los medios en la democracia con aportes académicos, institucionales, tecnológicos, ciudadanos, e incluso de derecho comparado, que consolide la libertad de expresión, aunque hay que decir, con responsabilidad y conciencia crítica, que el momento no es propicio para la discusión sosegada, desprejuiciada y tranquila del tema –sin crispación, sin odio y sin tacha de los que piensan diferente– por el clima de confrontación que el Gobierno ha creado con los medios.

A pesar de que existe, desde hace rato, una Ley de Transparencia, todavía no es fácil obtener todas las informaciones que cualquier mortal necesita acerca de los negocios públicos, por lo que sería oportuno establecer en la nueva ley la obligatoriedad, bajo sanciones para el funcionario responsable si la regla no es observada, de que el Estado publicite todos sus actos, además de que los organismos que regulen o controlen el desempeño legal de los medios de comunicación sean independientes del Ejecutivo, quien deberá tener una justificada y necesaria representación en ellos.

El que posee información posee muchas otras cosas, y su uso puede encender luces o producir sombras a despecho de terceros.

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