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QUITO. Aminta Buenaño y Gustavo Darquea, de PAIS, durante el debate de la nueva Ley de Seguridad Nacional.

La Ley de Seguridad Pública y del Estado, aprobada ayer por el ‘Congresillo’ con 51 votos, ratifica al Ejecutivo la facultad de ejercer el control de la política de Seguridad y Defensa.

Las observaciones de última hora  obligaron a la Comisión de Relaciones Internacionales a reconsiderar el texto de algunos artículos para su aprobación final. Al debate asistieron el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, y el ex ministro de Gobierno y asambleísta electo, Fernando Bustamante.

Entre las principales novedades constan la creación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en reemplazo del Cosena; la Secretaría Nacional de Inteligencia, se incorporan mecanismos para regular la clasificación de la información reservada y se faculta a las FF.AA., junto con la Policía, a participar en los estados de excepción.

El Consejo de Seguridad estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá, el Vicepresidente, los presidentes de la Asamblea Nacional  y  Corte Nacional de Justicia, los ministros de Seguridad, Defensa, Gobierno, Relaciones Exteriores, el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. y el comandante de Policía.

Con esta Ley se institucionaliza a la Secretaría Nacional de Inteligencia, creada en este gobierno. Estará bajo el control del Ejecutivo a través del  Ministerio de Seguridad y coordinará a los subsistemas de inteligencia militar, policial.

El secretario será designado  por el Presidente. Este organismo dispondrá de un fondo permanente de gastos reservados para actividades de inteligencia y contrainteligencia.

El asambleísta León Roldós insistió en que esos recursos  consten en el presupuesto del Estado y sea de acceso público, lo cual fue aprobado, pero las asignaciones de los gastos serán reservadas. 

La información se clasificará en reservada, secreta y secretísima, y se desclasificará automáticamente después de 15 años. Las operaciones encubiertas de Inteligencia para retener, abrir, interceptar documentos, llamadas,  e-mails... deberán ser previamente autorizadas por un juez.

Para el presidente del ‘Congresillo’, Fernando Cordero, con esta ley el espionaje, interferencia de  teléfonos y violación de correspondencia quedan prohibidos para los organismos de Inteligencia, sin autorización de un juez.
 
La facultad de declarar estado de excepción corresponde al Presidente, que es el único que puede solicitar la complementariedad de acciones a las FF.AA. y la Policía.

TEXTUALES

“La ley representa un avance  en el proceso de construcción de la democracia. Buscamos instituciones eficaces con nuevos controles balances y contrapesos”.
Miguel Carvajal
MINISTRO DE SEGURIDAD

“No se puede negar a la Asamblea el derecho a fiscalizar. Con esta ley el ministro de Seguridad no podría ser enjuiciado políticamente”.
León Roldós
ASAMBLEÍSTA RED