Ecuador es considerado como el primer país megadiverso del mundo, es decir, tomando en cuenta su extensión alberga mayor cantidad de especies de animales y plantas por kilómetro cuadrado que el resto de estados.

Pero tiene además un valor agregado que lo hace atractivo para la investigación científica de cualquier transnacional: posee un inmenso patrimonio de conocimientos tradicionales ancestrales, transmitidos durante décadas entre las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias.

El país no ha dado una protección legal a esa biodiversidad ni a esos conocimientos ancestrales, por eso durante años Ecuador ha sido víctima de biopiratería, que es como se conoce al acceso y aprovechamiento ilegal, irregular e inequitativo de recursos biológicos y sus derivados, así como de los conocimientos tradicionales de las comunidades relacionadas a ellos.

Los casos están a la vista. Recursos como la ayahuasca, la maca o la quinua y los saberes asociados a estos han pasado a formar parte de invenciones protegidas por patentes u otros derechos de propiedad intelectual, sin un reconocimiento de su origen.

En Ecuador está el caso relacionado con la patente ‘Epibatidina y derivados, composiciones y métodos para tratar el dolor’. Esta fue concedida por la oficina de patentes de Estados Unidos, en la que constan como inventores  John Daly, Thomas Spande y Hugo Garraffo, pero la creación fue obtenida de una rana neotropical endémica ecuatoriana que ha sido usada ancestralmente por los indígenas. Para las pruebas se sacrificaron 750 ranas del país sin la autorización del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales, violentándose la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.

Pensando en la manera de prevenir la biopiratería, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) creó la oficina de Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales. La dependencia es parte de la Dirección Nacional de Obtención de Variedades Vegetales, que tiene a su cargo la oficina de Obtención de Variedades Vegetales y la recién creada.

Deyanira Camacho Toral, directora nacional de Obtención de Variedades Vegetales, asegura que los derechos de propiedad intelectual dan valor a la biodiversidad y que al protegerla se respalda a todos sus actores: a los que inventan, a las industrias que giran alrededor de esas creaciones, a los inversionistas e incluso a las comunidades indígenas originarias y sus saberes tradicionales.

“Sin duda los  estudios de los norteamericanos fueron un importante aporte para la comunidad científica, pero ese resultado solo fue posible gracias a dos factores fundamentales: la valiosa información entregada por la comunidad indígena y la investigación realizada en 750 ranas en nuestro país...”, dice al referirse al caso de la Epibatidina.

El problema en Ecuador es que aunque se requiere tener un permiso del Ministerio de Ambiente (de acceso a los recursos) para trabajar en biodiversidad, los investigadores extranjeros por lo general se internan en las comunidades y logran que los indígenas les traspasen los conocimientos tradicionales respecto del uso de determinada planta. Luego van a su país, lo procesan, lo patentan y regresan al Ecuador el medicamento, que para muchos es inasequible.

“Este científico ya no tiene que descubrir para qué sirve. Y no solo se llevan de aquí nuestros recursos genéticos y biológicos, sino que además el conocimiento, y ni el Ecuador ni las comunidades reciben un centavo”, explica ella.

La oficina de Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales trabaja de forma paralela en proyectos que permitan proteger la biodiversidad y los saberes de nuestras comunidades. Uno de ellos es la construcción de una base de datos en la que se detallen los recursos genéticos  y conocimientos tradicionales existentes en el país. Hay algunos de dominio público que se conocen a través de libros, pero otros que solo guardan celosamente las comunidades. Para ello, cuentan entre su equipo con el antropólogo Pablo Hermida, quien propicia un acercamiento y conocimiento con las diferentes poblaciones.

Además se da una capacitación en temas de interculturalidad y se busca crear una legislación que proteja los conocimientos colectivos.

Deyanira Camacho indica que también se contemplan disposiciones como la obligación de que antes de patentar dentro o fuera del país se deba hacer declaración del origen de los recursos biológicos y de los conocimientos tradicionales, que haya una distribución justa de los beneficios, transferencia tecnológica, búsqueda en bases de datos, consentimiento previo e informado de las comunidades y del Estado en el caso del acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales.

“Se trata de que la explotemos (la biodiversidad) para beneficio de la humanidad, pero se trata también de que todos seamos beneficiarios de tal situación”, señala ella.

Otros países ricos en biodiversidad, como Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, China e India impulsan iniciativas para la prevención de la biopiratería  y buscan unir esfuerzos para que se respeten los recursos naturales.

En el país, el mes pasado, el IEPI y el Ministerio de Ambiente firmaron un convenio para la protección de la biodiversidad, en el que se incluyeron áreas claves como ambiente, salud, patrimonio y especialmente la propiedad intelectual. Es uno de los primeros pasos en este reto por el cuidado de nuestro patrimonio.


El país está construyendo una estrategia nacional de Biodiversidad (…) que se fundamenta en la convicción de que conservar y utilizar sustentablemente la diversidad biológica del país es una fuente de riqueza que abre oportunidades para aliviar la pobreza, reactivar y sustentar el desarrollo de la economía nacional...”.   
Deyanira Camacho