Desde ayer, la inmigración clandestina pasó a ser un delito que se castiga con multas y cárcel en Italia. Con serias reservas, el presidente Giorgio Napolitano promulgó esta ley del gobierno conservador de Silvio Berlusconi, criticada por la oposición de centroizquierda.

Los inmigrantes que se encuentran en territorio italiano sin los papeles en regla deberán pagar una multa de entre 5.000 y 10.000 euros (7.000 y 14.000 dólares).

Asimismo, se penará con la cárcel a quienes alojen o alquilen habitaciones a los inmigrantes que estén en situación irregular.

El funcionario  explicó que debió firmar esta ley, que está contenida en una iniciativa legal mucho más amplia sobre seguridad, por no estar en sus funciones un pronunciamiento político.

“Al Presidente de la República  no corresponde pronunciarse o intervenir sobre el contenido político y sobre los contenidos esenciales de esta como de cada ley aprobada por el Parlamento”, afirmó.

“Esto pertenece a la responsabilidad exclusiva del gobierno y de la mayoría parlamentaria”, agregó el funcionario.

Expresó su  perplejidad y preocupación ante algunos elementos, que no serían coherentes con los  principios generales del ordenamiento jurídico italiano, en una carta dirigida a Berlusconi y a los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado.