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QUITO. El Incop aprobó un formulario para que las contratistas declaren sus accionistas en paraísos fiscales.

Desde el lunes pasado toda empresa domiciliada en los llamados “paraísos fiscales”, así como aquellas cuyos accionistas sean parientes de altos funcionarios como el Presidente y Vicepresidente de la República, ministros, asambleístas y funcionarios del Instituto de Contratación Pública (Incop), quedaron inhabilitadas para suscribir contratos de obra pública.

Para acatar esa disposición, el Incop distribuyó a cerca de 5.000 entidades públicas contratantes un formulario que deberá ser llenado por el representante legal de cada empresa ofertante y entregado junto con la oferta técnica, de manera obligatoria, de lo contrario no podrá participar en ningún concurso público.

El titular del Incop, Jorge Luis González, explicó ayer que la medida es un alcance de la resolución 02809 expedida el 3 de julio del 2009, mediante la cual se viabiliza la aplicación del Decreto Ejecutivo 1793, expedido el 20 de junio, por el cual el presidente Rafael Correa prohibió a toda la burocracia contratar con empresas domiciliadas en los “paraísos fiscales”.

“Buscamos verificar que todos los proveedores del Estado que sean personas jurídicas transparenten sus accionistas a nivel de personas naturales. Sabemos que en ciertos casos esto es complejo, porque detrás de una persona jurídica puede haber otra y detrás de esta, otra, entonces se puede ir algunos niveles hacia atrás”, comentó.

En primera instancia, esta información debía ser recabada por la Superintendencia de Compañías, pero le tomaría hasta fines de año hacerlo, por lo cual el Incop optó por responsabilizar a cada entidad pública contratante, para que incluya el formulario entre los documentos precontractuales.

“Si los datos no son verídicos se someterán a sanciones como inhabilidad inmediata y si es que llega a firmarse el contrato y se comprueba el falseamiento de la verdad se expone a la terminación unilateral del contrato, sin lugar a ningún tipo de indemnización en favor del oferente”, advirtió González.

Además, en el mismo formulario, el representante legal de la empresa asume el compromiso de remitir a la entidad contratante sobre cualquier cambio de su capital, acciones y participaciones y de todo lo que involucre su haber social.

Las contrataciones en el sector petrolero y la compra de armamento para seguridad interna y experta están exoneradas de esta reglamentación.

La inobservancia de esta norma también motivará la inhabilitación inmediata o la terminación unilateral del contrato, agregó el funcionario.

González precisó que la información accionaria consignada en el formulario está sujeta a sigilo, tal como lo establece la Ley de Compañías.

Apuntes: Paraísos fiscales
Empresas
Según el director del Instituto Nacional de Contratación Pública (Incop), Jorge Luis González, se estima que de las 10.500 empresas que tienen contratos con el sector público, alrededor del 20% tiene accionistas fuera del país, sin que necesariamente signifique que estén domiciliadas en paraísos fiscales.

Facturación
Se presume, según el funcionario, que las que tienen domicilio en paraísos fiscales identificados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) facturan desde $ 5 millones al año, aunque no hay un dato preciso.