En paquete y sin opción a debatir las últimas modificaciones, el 'Congresillo' aprobó a las 11:50 la ley orgánica de la Función Legislativa que entrará en vigencia el 31 de julio próximo cuando se instale la Asamblea Nacional.

El sector de oposición reclamó a gritos que se abra el debate luego de que la presidenta de la comisión de lo Civil y Penal, María Paula Romo, presentó un nuevo texto recogiendo al menos 50 observaciones que se presentaron durante el segundo debate. Pero, el presidente de la legislatura, Fernando Cordero, se acogió al artículo 44 del mandato 23, que le faculta dar por terminado el debate, cualquiera fuera el número de legisladores que hubieren solicitado la palabra.

Eso provocó que la oposición reaccione y luego de que la secretaría confirmó la aprobación con 49 votos a favor del proyecto, se produjo un forcejeo entre el legislador Holger Chávez (PAIS) quien lanzó un puntapié a Galo Lara de Sociedad Patriótica. La escolta intervino para evitar la confrontación.

Las críticas de la nueva ley se centraron en las facultades que se otorga al Consejo de Administración Legislativa (CAL), pues dejará de ser un ente meramente administrativo y pasará a tomar decisiones políticas como definir las leyes que se tramitarán y además conocerá las peticiones de juicio político que se presenten.

Doce comisiones
Según lo aprobado, la Asamblea Nacional funcionará con doce comisiones especializadas permanentes. Precisamente, este capítulo fue reformulado por la presidenta de la comisión María Paula Romo.

Con los cambios las nuevas comisiones serán: Comisión de Justicia y Estructura del Estado; de los derechos de los trabajadores y la seguridad social, del régimen económico y tributario y su regulación y control; del desarrollo económico, productivo y la microempresa; de soberanía, integración, relaciones internacionales y seguridad integral; de la biodiversidad y recursos naturales; de la soberanía alimentaria y desarrollo del sector agropecuario y pesquero; de gobiernos autónomos, descentralización, competencias y organización del territorio; de educación, cultura, ciencia y tecnología; del derecho a la salud; de participación ciudadana y control social; y, de los derechos colectivos comunitarios y la interculturalidad.

Adicionalmente, se creará la comisión de fiscalización y control político que será el organismo que procese las peticiones de interpelación a los funcionarios públicos.

Para el proceso de fiscalización, la ley aprobada transcribe el procedimiento que aplicó el 'Congresillo', con la diferencia que esta vez cada asambleísta podrá directamente solicitar información a un funcionario público quien deberá responder en un plazo de quince días, de lo contrario notificará al Presidente de la Asamblea, para que éste a su vez notifique a una de las doce comisiones para que insista en la información requerida por el legislador. En caso de desacato o de remitir información incompleta será causal de juicio político.

Para el trámite de leyes se amplían a 45 días el plazo que tendrá una comisión para analizar el proyecto y presentar el informe para primer y segundo debate. Para el caso de proyectos urgentes los plazos ser acortan a diez días de análisis en la comisión respectiva.