- JUL. 06, 2009 - Foto - Seguridad - EL UNIVERSO
Según datos de la Fiscalía de Pichincha la mayoría de delitos se cometen con armas ilegales, que en buen número son de fabricación artesanal.
El joven entró a la tienda de armas la mañana del viernes para preguntar por un revólver calibre 38. Se topó con precios que superan los $ 2.000. No le importó. Lo necesitaba para su defensa personal, refirió.
De inmediato se topó con la traba. “Las ventas están suspendidas”, le dijo el administrador. La razón: El Comando Conjunto de las FF. AA. no está dando permisos, pues el Acuerdo Interministerial 001, firmado el martes pasado, le prohibió hacerlo hasta que la Policía Nacional asuma esa responsabilidad desde el 15 de este mes.
“Mientras no se sepa cómo se hará, no venderemos nada”, agregó el comerciante. El desencuentro ocurrió en la tienda Cimarrón, en el centro de Quito, en el sector de San Blas.
“Las armas se han convertido, por desgracia, en una necesidad, no en lujo.
Los ciudadanos se arman frente a la descomposición social, para defenderse de la delincuencia”, reflexionó el dueño del almacén, Jaime Camacho.
Explicó que cuando un cliente paga por un arma legal, no la adquiere de inmediato.
La comercializadora le entrega el título de propiedad para que saque el permiso correspondiente y, solo con ese documento en mano, el vendedor le da el equipo.
“¿Usted cree que el delincuente hace todo esto?”, cuestionó Camacho. Lo que hay que regular es la comercialización de las armas artesanales de fabricación nacional, afirmó.
En eso coincide el coordinador de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Pichincha, Patricio Navarrete. “Del 90 al 95% de los casos que investigamos, los antisociales delinquen con armas ilegales y de estas la gran mayoría son de fabricación nacional (...) Lo que hay que controlar son las fábricas de Bolívar”, refirió.
Las críticas en ese sentido también se dieron en el interior de la Policía.
El general Euclides Mantilla, director general de Operaciones, quien dirige los controles de las armas en el país, lamentó el jueves pasado que las fábricas artesanales de armamento, especialmente en Chimbo (Bolívar), cuenten todavía con permisos de funcionamiento.
“Una vez que nosotros logremos cerrar esa llave de producción de armamento, que es a la que más tiene acceso el delincuente común, lograremos bajar los índices de violencia e inseguridad”, manifestó el oficial encargado de la logística.
El 10º Informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito, presentado esta semana, reveló que el uso de armas de fuego en robos ha incrementado en el 35% por año, desde el 2005. Así indicó el coordinador del Observatorio, Paco García.
Actualmente, agregó el especialista, 80% de los robos se realiza con este tipo de armas, que no necesariamente son detonadas, sino que sirven para someter a la víctima.
No obstante, afirmó García, “el 96% de esas armas no son legales. Yo me atrevería a decir que todos los delincuentes consiguen sus armas de forma ilícita para delinquir”.
Por otra parte, el fiscal Navarrete no encontró sentido a la recalificación de los permisos que hará la Policía.
“Yo soy portador de un arma. En enero me pidieron récord policial, certificados de honorabilidad, justificar la necesidad de portar un arma. De lo que yo sé la Policía Nacional va a exigir los mismos requisitos (así informó el jueves pasado el general Mantilla). No entiendo”, manifestó el fiscal.
Más datos
disposiciones del acuerdo interministerial
Armas prohibidas
El Acuerdo interministerial prohíbe el porte de armas de uso civil personal, es decir las pistolas de hasta 9 milímetros, los revólveres de máximo calibre 38 y las escopetas que van desde el calibre 10 al 410. Las de otras características son de uso militar.
Armas deportivas
Las armas de uso deportivo podrán ser portadas, pero descargadas en una caja, y de ninguna forma deberán estar en lugares públicos, sino exclusivamente en los sitios de actividad deportiva, dijo el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh.