- JUL. 06, 2009 - Foto - Seguridad - EL UNIVERSO
Parte de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional es indagada por el caso del ex ministro de Deportes, Raúl Carrión (i).
La Fiscalía del Guayas presentó una queja en el CJ para que se abra un proceso contra el juez 9º de Garantías Penales, por el cambio de figura legal en un juicio contra acusados en el caso Ceibos.
En un monólogo que ofreció frente a la prensa, el pasado jueves, en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ), Xavier Arosemena, presidente de la entidad de control, informó que se han abierto 434 causas en contra de servidores judiciales del país en los seis primeros meses de este año.
El funcionario vino ese día a Guayaquil para aclarar su postura respecto a la pugna entre jueces y fiscales por el cambio de la sala para las audiencias de delitos flagrantes de la Policía Judicial a la Corte Provincial.
También lo hizo respecto a la labor del CJ de la que especificó solo tiene facultad para revisar la actuación de los funcionarios judiciales y no las acciones legales que estos realizan.
Lo dijo porque indicó que la mayoría de los reclamos que ha recibido la Judicatura, de enero a junio de este año, proviene de personas que buscan impugnar sentencias.
“La sentencia no se puede impugnar. Si alguien la impugna ante nosotros no podemos recibir a trámite esa queja. Nosotros juzgamos la conducta de los jueces y esto lo sabe quien hace el escándalo”, expresó Arosemena.
De los 434 procesos contra personal judicial que en el 2008 alcanzaron los 1.200, se ingresaron 163 expedientes a la Comisión de Quejas y Actual Unidad de Control Disciplinario del CJ, según cifras de la institución.
De este número 69 corresponden a quejas, 40 a investigaciones, 51 a oficios y 3 a caducidades.
En estos sumarios que siguen su trámite constan los nombres de diez integrantes de la Corte Nacional de Justicia, cuyas actuaciones investiga el CJ por nueve casos, entre ellos el del ex ministro de Deportes, Raúl Carrión, acusado de actos de corrupción; y del supuesto narcotraficante Hugo Reyes Torres.
El primer juicio fue criticado porque el presidente de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Hernán Ulloa Parada, resolvió sustituir la prisión de Carrión por la obligación de presentarse periódicamente y luego le concedió la prisión domiciliaria.
Ulloa es indagado por resolución del CJ junto a Hermes Sarango Aguirre y Yadira Torres, relator y ayudante de la Primera Sala de lo Penal.
El caso Reyes, cuya queja fue puesta por el Ministerio de Justicia, también es investigado desde que los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional: Luis Abarca, Máximo Ortega y el conjuez Edwin Salazar absolvieron al procesado y ordenaron la devolución de sus bienes del caso Ciclón 3.
En Guayas también se registran querellas contra funcionarios judiciales. El fiscal Leonidas Lema, por ejemplo, gestionó por medio del Ministerio Público un reclamo contra el juez 9º de Garantías Penales, Aquiles Dávila, por el cambio de figura de robo agravado a hurto en el caso de los jóvenes acusados de estruchar casas en la urbanización Ceibos Norte.
“Fue ilegal lo que hizo (el juez), apartado del razonamiento lógico. El juez no puede intervenir, debe ser imparcial”, dijo el fiscal Lema.
En lo que va del año la Fiscalía del Guayas ha solicitado la apertura de siete procesos, en su mayoría, contra jueces de Garantías Penales.
Adicional a este pedido el pleno del CJ también investiga este caso por la misma causa (cambio de figura) por el ministro de Justicia, Néstor Arbito, quien en una carta con fecha del 16 de junio, solicitó se revise la actuación de los operadores de justicia de este juicio.
Lo mismo pidió para los funcionarios que tienen que ver con la sentencia absolutoria para Reyes Torres y la sustitución de medidas cautelares en el proceso seguido contra Welmer Quezada por supuesta subvaloración tributaria.
Xavier Arosemena
presidente del cj
“Se abre expediente para examinar la conducta del juez, no para decidir si lo que sentenció es correcto”.
Audiencias
De tribunales penales
Diligencias fallidas
Un total de 1.507 audiencias fallidas en tribunales penales se registran de enero a mayo de este año, según datos del CJ. De este monto 1.049 no se realizaron por responsabilidad de la Fiscalía, 258 por causa del Estado, 101 por la Función Judicial, 87 por artificios legales como excusas del abogado defensor, inasistencia del abogado defensor y por falta de peritos; y 12 por otros motivos.
Con más suspensiones
El Quinto Tribunal de lo Penal es el que más acumula audiencias fallidas en el grupo de diligencias que no se lograron efectuar por responsabilidad de la Fiscalía, como lo establece el CJ en sus estadísticas.
Resoluciones De Guayas
5 Destituciones.
Los judiciales que han sido removidos en seis meses llegan a esta cifra.
3 Suspensiones.
Las sanciones a judiciales en el mismo tiempo alcanzan este número.
29 Multas. El CJ dispuso este número de correctivos a funcionarios de enero a junio.