El Consejo de Generales de la Policía resolverá esta semana si el ex jefe de la eliminada Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), mayor Manuel Silva, sigue en la institución.

“Tenemos que hacer un análisis integral del caso, hay planteamientos del mayor Silva que deben ser tomados en cuenta. Queremos actuar con transparencia y apegados a derecho”, dijo uno de los generales.

El 16 de abril,  miembros del anterior Consejo argumentaron que Silva incurrió en ausencia ilegal por más de un mes, y solicitaron al entonces comandante general Jaime Hurtado “alcanzar el correspondiente decreto ejecutivo” para que sea dado de baja. El único voto en contra fue de Alfonso Camacho, quien dijo que no se había respetado el debido proceso.

Silva, que por 20 años trabajó como agente encubierto, se puso a buen recaudo luego de que Hurtado difundió públicamente su nombre, tras acusarlo de entregar información secreta a EE.UU., por lo cual ordenó que se le inicie un segundo proceso en su contra. Silva denunció una persecución y violaciones legales, y  apeló el pedido de baja y el asunto está pendiente.
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, pidió al Grupo de Intervención y Rescate (GIR)  un análisis de riesgo del ex jefe de la UIES, que determinó que Silva y su familia podrían ser objeto de un atentado, secuestro o ataque. Le dan un riesgo de 97,5 sobre 100.

En el informe del GIR se destaca que “los casos Angostura, Chauvin y la entrega de equipos informáticos a organismos de inteligencia americana han sido el detonante para un problema de carácter legal, que indudablemente ha incrementado alarmantemente los niveles de riesgo, que pueden darse a través de agresiones físicas o psicológicas, amenazas personales o a su entorno familiar, asesinato, atentado y secuestros”, y recomiendan brindar seguridad personal y familiar hasta que termine el proceso legal.