En algunos casos la conducta de ciertos administradores de justicia en nuestro país se parece demasiado a la de los antisociales que juzgan, perjudicando a los ciudadanos por partida doble: nos estafan al cobrar su sueldo sin devengarlo de manera eficiente; y nos hacen un daño supremo al permitir que los delincuentes apresados salgan libres sin someterse a la justicia.

Los presos se acumulan en las cárceles por miles; y al cabo de un año, a falta del debido juicio y sentencia, vuelven a las calles por miles: los inocentes habiendo vivido en el infierno doce meses sin merecerlo; y los maleantes, sin haber sido rehabilitados, volverán a delinquir, entre ellos por supuesto los violadores.

La administración de justicia la pagamos de nuestro bolsillo, vía impuestos.
Y las fechorías de los delincuentes las sufrimos en carne propia nosotros, nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos.

¿Es justo que les sigamos pagando a los que no hacen su trabajo a cabalidad?