El procurador general del Estado, Diego García, decidió esperar hasta las 17:00 de ayer para receptar las copias de los contratos suscritos con las empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del presidente de la República, Rafael Correa, por parte de algunas instituciones públicas. El plazo vencía ayer.

Hasta las 15:30, la Procuraduría no confirmó ni descartó la existencia de contratos entregados para el análisis del abogado del Estado.

Entre los funcionarios que debían emitir una copia de los contratos suscritos con las instituciones que dirigen están: Walter Solís, ministro de Vivienda; Javier Casal, ministro de Transporte; Freddy García, vicepresidente de Petroproducción; y Cristóbal Punina, presidente de Hidrolitoral.

A tales ejecutivos, la Secretaría de Transparencia les solicitó anular unilateralmente los documentos, además de confirmar el número de contratos que Fabricio Correa llegó a tener en cada una.

En el caso específico de Petroproducción, el jueves pasado, el presidente ejecutivo de la empresa estatal dijo a radio Quito que Quality, una de las firmas que estuvo relacionada con Fabricio Correa, tuvo 14 contratos. De los cuales uno está vigente y vence el 8 de julio.

Esa relación contractual no se romperá porque podría implicar una demanda en contra del Estado, a pocos días de que venza el plazo.