El jueves pasado el presidente Rafael Correa envió al ‘Congresillo’ el proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación de las Remuneraciones del Sector Público (Loscca).

El texto de 79 artículos recoge la mayor parte de la antigua Loscca y extiende su jurisdicción para todos los organismos y entidades que en más del 50% de su presupuesto reciben recursos del Estado Central.

Es decir, este nuevo proyecto desconoce normativas individuales en materia de remuneraciones y recursos humanos para la función Judicial, Ejecutiva, Legislativa, Ministerio Público, la Corte Constitucional, las Fuerzas Armadas, Policía, Comisión de Tránsito del Guayas, funcionarios del Servicio Exterior y gobiernos autónomos descentralizados incluido el personal docente, sujeto a la Ley de Educación Superior y al Escalafón del Magisterio.

Este último se deroga y reemplaza por un reglamento que definirá la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público. (Senres). Esta institución deberá fusionarse con el Ministerio de Trabajo en el plazo de 90 días en el nuevo Ministerio de Relaciones Laborales.

Luego de la fusión, la Senres tendrá a su cargo el Sistema Nacional de Información, el registro de todos los servidores y obreros del sector público y mantener un catastro de todas las instituciones.

En el proyecto se determina además que los obreros y obreras estarán sujetos exclusivamente al Código del Trabajo. Se mantiene la jornada laboral de 40 horas semanales distribuidas en 8 horas diarias con descanso el sábado y domingo; y las vacaciones de 30 días.

Se establece además una evaluación permanente a cargo de la Unidad de Administración de Recursos Humanos supervisada por la Senres. El proyecto dispone que cuando un funcionario obtenga una calificación de inaceptable será removido. De obtener una calificación de deficiente tendrá una nueva evaluación en seis meses y si reincide perderá su cargo.

Remigio Hurtado, presidente encargado de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, insistió en que el proyecto no se socializó. “No queremos rechazar la propuesta sino llegar a consensos. Pero no estamos de acuerdo con que la evaluación a los funcionarios sea una persecución, sino para que mejoremos”, dijo.