Enfrentamos el tema urgente del control de las armas. Es una manifestación más de una política que se nos impone: la vigilancia, el control, el registro, la evaluación, la censura, sobre todos los aspectos de la vida ciudadana.
A la llamada “larga noche neoliberal” parece seguir una larga noche de estatismo asfixiante. Siempre actuando en nombre de la prevención, de la anticorrupción, de la seguridad, de la defensa del consumidor. La historia reciente de los países de planificación total no ha enseñado nada. Vemos crecer geométricamente un ejército de evaluadores, fiscalizadores, supervisores, coordinadores, administradores, inspectores, investigadores, asesores; es decir, una legión de controladores, vigilantes, espías e informantes, una policía multifacética y centralizada para hacer imposible una vida que no tenga la aprobación del poder de turno. Es la versión monstruosa y policial de El Aleph, de Borges.
Sabemos que el motivo es el temor a perder los privilegios alcanzados. Constatamos una negativa torpe y vanidosa a reconocer la falencia, la precariedad y la finitud de todo proyecto humano, por muy altruista que se declare. Es un principio asentado que nuestra sociedad organizada como Estado-nación democrático, ha sido, es y será defendida contra agresores internos y externos. Si es necesario, se recurrirá a las armas, se movilizará a toda la población, se pedirá a su juventud ir al combate. Jamás se ha considerado que ante un adversario superior poderosamente armado que viniera a invadir nuestro territorio, a saquear nuestros recursos, a ultrajar a nuestra población, a imponernos su voluntad; tendríamos que rendirnos, retirarnos y ceder a todas sus pretensiones para preservar la vida.
Hoy mismo vemos a los gobernantes rechazar beligerantemente la brutal intervención de Colombia en nuestro territorio al norte. Y los oímos llamar al levantamiento y a la lucha de la población de un país amigo, para defender el régimen constitucional vulnerado por un golpismo infame. Que haya pérdida de vidas es una posibilidad justificada de antemano.
Exactamente esa misma lógica, esos mismos principios éticos tenemos que considerarlos en el ámbito del sujeto como ciudadano, ante el ataque delincuencial. Tenemos derecho a defendernos del agresor violento que nos ataca, tenemos derecho a poseer los recursos y la instrucción necesaria para hacerlo. Nadie puede monopolizar “por excepción”, con alguna excusa o privilegio, este derecho. Está en cada uno decidir si hace o no uso de ese derecho, si prefiere resistirse o confiar en la compasión del agresor; porque hay momentos y lugares donde no estarán “agentes de la ley” para actuar en defensa del ciudadano común y corriente.
Vemos la hipocresía de nuestros protectores, administradores y gobernantes. Proclaman el carácter intrínsecamente malo de todo armamento, pero ellos no viven ni se mueven a ninguna hora o a ningún lugar sin escuadrones de militares, policías, escoltas, perfectamente armados y dispuestos a matar cuando sea necesario para defender a jerarcas y funcionarios. Ellos no necesitan estar armados, pueden hablar sobre cultura de paz, desarme, no violencia. Son otros los que tendrán que usar las armas y arriesgar sus vidas por ellos. La violencia está justificada cuando se trata de defender el orden establecido, o sea, los privilegios de los nuevos ricos y poderosos. Es la mojigatería laica del presente.
El delito es la otra cara de todo régimen social. Cuando se logra suprimirlo transitoriamente, es al precio de un gobierno dictatorial y criminal. El remedio es muchísimo peor que la enfermedad. La derecha siempre usó el tema de la delincuencia para incrementar el aparato de espionaje y represión. ¿Acaso la nueva izquierda será diferente?
Antonio Aguirre Fuentes,
psicólogo clínico, Guayaquil