Por formación académica y por convicción ciudadana debo condenar los golpes dictatoriales, antítesis del Estado de Derecho y de la vigencia de la democracia, que conllevan, además, irrespeto a los derechos humanos, por desgracia recurrentes y comunes –en décadas pasadas– en las convulsionadas repúblicas latinoamericanas así como en las primitivas sociedades africanas y asiáticas, algunas de las cuales no han podido salir todavía, en el siglo XXI, de sus incivilizados atavismos.

La dictadura es condenable, de cualquier matiz o color, la de Castro como la de Pinochet, la de Stalin como la de Franco, pues da igual que luzcan de izquierda o de derecha mientras el hombre no sea un sujeto de derechos sino un objeto de abusos por parte de quien ejerce el poder, pero hay que dejar claro que aunque ninguna dictadura se justifique, los gobernantes deben hacer méritos para que sus gobiernos reciban el respeto ciudadano.  Hay que subrayar la idea, y yo la subrayo, de que no basta ganar las elecciones –una o varias– para ejercer el poder según la voluntad de quien preside el régimen. El mandatario debe ejercer su mandato dentro del marco que señalan la Constitución y las leyes, pero no fuera de ellas por mucho que se invoque el respaldo del pueblo como depositario primario de la soberanía.

Es difícil, a miles de kilómetros del epicentro y después de transcurridos tan pocos días de los sucesos de Honduras, hacer una evaluación objetiva de lo ocurrido, pues no se cuenta con la totalidad de los datos que faciliten su análisis, sino los que sesgadamente quieren proporcionar uno u otro de los bandos inmiscuidos en la disputa, con mayor razón si desde el primer momento han intervenido en los asuntos internos de los hondureños, personajes de la política iberoamericana tan pintorescos, cuestionados y polémicos como Hugo Chávez, que crean, por sí mismos, simpatías y antipatías, independientemente del juzgamiento nuclear del tema, pues tengan por seguro que hay gente que pensará que Zelaya tiene la razón o no la tiene simplemente porque Chávez y sus seguidores están de su lado. Algunos creerán que si Chávez apoya a Zelaya, este está en lo cierto, mientras que otros supondrán exactamente lo contrario, reconociendo la polarización que afecta en los días que corren a nuestras naciones.

He leído en varios medios internacionales que según la Constitución y las leyes hondureñas, una Asamblea Constituyente solo podía ser convocada a través de un referéndum nacional aprobado por el Congreso, pero que este lo rechazó, por lo que la Corte Suprema de Justicia, al igual que el Procurador General del Estado, declaró inconstitucional la convocatoria, ordenando, en consecuencia, que las Fuerzas Armadas no cumplan con su tarea logística habitual de llevar las urnas a los recintos electorales, etcétera, pero habría que analizar los argumentos opuestos para juzgar, con todos los datos de hecho y de derecho sobre la mesa, si la ruptura de la democracia y de la constitucionalidad se produjo por parte de Zelaya o del Congreso.

Con el paso de los días y más elementos de juicio a mi alcance podré llegar, como comentarista público y como ciudadano, a una conclusión definitiva, pero mientras tanto me interesa resaltar dos cosas incuestionables: 1) La violación constitucional, provenga de donde provenga, es condenable, y 2)  La democracia debe salvarse de los asedios y de las amenazas de sus enemigos utilizando recursos constitucionales y democráticos.  No se defiende ni se preserva el Estado de Derecho por medio de las dictaduras ni se corrige una violación con otra violación. Esta es la gran lección que debemos aprender y memorizar hasta que forme parte consustancial de nuestra conciencia, de nuestro cerebro y de nuestra voluntad.